SUNEDU: "Rectores rebeldes" deben irse a sus casas tras nulidad de demandas

El secretario general de la SUNEDU, Juan Antonio Silva, señaló que los “rectores rebeldes” que no quieren acatar la Ley Universitaria ya debieron haber dado un paso al costado el 31 de diciembre debido a que todos los canales se han cerrado, esto luego que el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundadas las demandas realizadas por la Universidad Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que solicitaban que la Guía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria sea declarada inaplicable a fin de mantener a sus autoridades hasta el año 2017.

“Esta sentencia del Quinto Juzgado cierra la posibilidad legal para las autoridades rebeldes. Este plazo ha sido declarado válido y legal, por lo tanto ellos (los rectores) debieron dejar sus cargos ayer 31 de diciembre (…). El señor Pedro Cotillo tiene que irse a su casa pues no tiene ninguna puerta abierta dentro del reglamento legal, ya que el Tribunal Constitucional, Congreso y Poder Judicial le han dicho que no al principal opositor de esta ley”, dijo a RPP Noticias.

Precisó que de las 31 universidades públicas del país, solo cinco se han resistido a acatar el mandato de la SUNEDU. Ellas son: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Federico Villareal, Enrique Guzmán y Valle (Lima), Universidad Nacional de Trujillo y San Luis Gonzaga de Ica.

Acciones legales

Silva manifestó que esta semana se tomarán acciones legales contra los rectores de las universidades que desacataron la Ley Universitaria.

“Esta semana estaremos planteando ante la Fiscalía una serie de acciones penales por usurpación funciones, abuso de autoridad, entre otros”, indicó.

Firmas de “autoridades rebeldes”

Finalmente dio a conocer que este lunes 4 de enero, la SUNEDU decidirá la posibilidad de aceptar las firmas de los rectores de las cinco universidades que no quieren acatar la ley, a fin de no perjudicar a los estudiantes de dichas casas superiores de estudios, siempre y cuando se comprometan a dejar sus cargos; ya que a partir del 1 de enero de 2016, las rúbricas de estas autoridades en los títulos no tienen validez.