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por Redacción RPP
·José Luis Capella, de la SDPA, indicó que en el caso de la Unión Europea se verifica la trazabilidad de los productos y no la "tenencia legal", por lo que la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre no solucionaría el problema.
Continúan levantándose voces en contra del proyecto que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre aprobado por insistencia el último viernes en el Congreso de la República, una iniciativa que estaría legalizando la deforestación de la Amazonía peruana, según sus críticos.
En una conversación en Ampliación de Noticias de RPP, el ingeniero Augusto Bravo Malca, docente de ingeniería ambiental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), explicó que la modificación de la ley permitirá el acceso a tierras clasificadas como protegidas para ser destinadas a la agricultura. Indicó que el objetivo es permitir que personas que invadieron áreas protegidas realicen actividades de producción y exportación de manera legal.
"Se trata de decir que esas tierras van a ser saneadas, (pero) en realidad el objetivo es que algunos productores, tanto en selva alta como en selva baja, puedan acceder a la exportación de sus productos, porque están ocupando tierras de protección y tierras de afinidad forestal", afirmó.
"Entonces no se trata de subsanar un problema, sino a través de ese problema nacional tratar de ubicar y sanear el rubro de exportación a través de un cambio de uso de suelo", agregó.
Inversiones acordes con el uso del suelo
José Luis Capella, director del programa de bosques y servicios ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SDPA), indicó que muchas de estas tierras protegidas ya se encuentran bajo uso de comunidades nativas o campesinas, y debería destinarse inversión a estas áreas, "pero una inversión acorde con el uso que tiene el suelo y las capacidades de servicios ecosistémicos" con los que cuenten.
Explicó que el origen de la norma está en la exigencia de la Unión Europea de solo comprar productos que no se originen en la deforestación, principalmente el café, cacao y madera, entre otros. Al respecto, señaló que la modificación de la ley no contribuirá a que se cumpla ese objetivo.
"El tema es si con esta disposición complementaria final se soluciona ese problema para los exportadores. Desde nuestro punto de vista, de ninguna manera", afirmó.
Capella señaló que la norma de la Unión Europea "no habla de tenencia legal" si no de la trazabilidad (origen y proceso de producción) de los productos y conoce que hay países que "legalizan su deforestación" para enviar su producción.
Otro problema señalado por Capella es definir cuantas constancias de posesión existen en zonas protegidas de la Amazonía peruana, y si estas se superponen o no con territorios ocupados por comunidades indígenas.
"Podría existir una constancia de posesión que hoy este en un territorio indígena por titularse, por ejemplo, generando un conflicto tremendo, porque le estaríamos dando propiedad plena, lista para continuar a alguien que esta sobre un territorio que debería ser titulado a la comunidad nativa", indicó.
"Por eso están preocupadas las organizaciones indígenas que se han pronunciado en contra de esta norma", agregó.
Además, señaló que hay áreas con pendientes mayores a 45 grados, donde no se podría regularizar la agricultura, pues se depredaría zonas naturales de "control de la erosión" que eventualmente podrían proteger a las poblaciones de los huaicos.
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