“Solo el año pasado se identificó que había una pérdida por corrupción e inconducta funcional de más de 22 mil millones de soles”, señaló el contralor general de la República.
Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el contralor general de la República, Nelson Shack, se refirió a la observación del Gobierno de la ley que ampliaba la capacidad sancionadora de la Contraloría General de la República. Al respecto, lamentó que “no se haya entendido la urgencia” de devolver a esta institución su capacidad sancionadora.
“No hay posibilidad de luchar contra la corrupción de manera efectiva si no hay sanción. Solo el año pasado se identificó que había una pérdida por corrupción e inconducta funcional de más de 22 mil millones de soles, en los cuales han estado involucrados más de 8 mil funcionarios públicos. Ninguno de ellos ha sido sancionado”, mencionó.
Además, Shack se refirió a la situación de la región Ica, de la cual la Contraloría posee cientos de denuncias de corrupción e inconsulta funcional. Ahí se realizarán más de 240 intervenciones en los próximos tres meses, cuyo resultado será de conocimiento público.
“La situación en Ica es preocupante, como gran parte de las regiones de nuestro país. El año pasado, de acuerdo a las estimaciones, se habrían perdido más de 430 millones de soles en problemas de inconducta funcional y corrupción, que involucran más de 300 responsabilidades y más de 130 funcionarios públicos que deberían ser sancionados con la brevedad posible”, mencionó.
CORRUPCIÓN EN JUNÍN
Shack también se pronunció las contrataciones del Gobierno Regional de Junín con la firma Lara Medical Solution. El contralor indicó que, en el 2018, la Contraloría intervino en el caso de las licencias de conducir otorgadas y advirtió sobre las "malas contrataciones" que existieron.
"Nosotros emitimos un par de informes en los cuales establecimos una serie de observaciones a la manera en la que se estaba llevando a cabo este otorgamiento de licencias de conducir, haciendo una serie de propuestas acerca de la participación de terceros no autorizados en la emisión de vouchers, problemas en los sistemas informáticos, falta de evaluados designados. Un cúmulo de recomendaciones que el gobierno regional obvió y no implementó", refirió.
"Espero que los auditores deben estar culminando sus informes en un par de meses. Todos podrán ver a quien le hemos encontrado responsabilidad administrativa y penal, pero desde ya les digo, dado que no tenemos capacidad sancionadora, nadie va a sancionar a estos funcionarios con la rigurosidad que deberían sancionarlos", añadió.
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