Organizaciones de DDHH exigen a la Fiscalía y al Poder Judicial celeridad e imparcialidad en los casos de esterilizaciones forzadas y Manta

Las organizaciones Somos 2074 y muchas más, Collera y Demus realizaron en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) el II UMA para exigir justicia y reparación integral para las víctimas durante y postconflicto armado interno (1980-2000).

Durante la jornada, que se desarrolló en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, las participantes solicitaron a la presidenta del Poder judicial, Elvia Barrios, y a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, medidas que garanticen, en los juicios en curso, imparcialidad, celeridad, protección a las denunciantes y sanción a los responsables de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.

María Ysabel Cedano, abogada de Demus, exigió a ambas autoridades respeto a la autonomía e independencia de la justicia, la cual, remarcó, "debe ser libre de injerencias políticas y corrupción". "También demandamos que adopten medidas urgentes para garantizar verdad, justicia y reparaciones integrales para las mujeres", indicó.

El evento convocó a las denunciantes, víctimas y sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas ejecutadas durante el régimen de Alberto Fujimori y otras graves violaciones a los derechos humanos y delitos producto de la violencia feminicida, junto con activistas defensoras de derechos humanos.

SENTENCIA DEL TC EN EL CASO MORALES BERMÚDEZ

Las víctimas exigieron al juez Rafael Martín Martínez y a la Sala Penal Nacional B no aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en el caso de Francisco Morales Bermúdez en los juicios de las esterilizaciones forzadas y Manta. En noviembre pasado, se dio a conocer que el ente declaró fundado un recurso de habeas corpus del expresidente, quien solicitaba que se declare nulo una investigación en su contra por el presunto delito de lesa humanidad en el caso Plan Cóndor.

Demus teme que el fallo abra las puertas de la impunidad a todos los delitos cometidos en las décadas de los ochenta y noventa, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la violencia sexual contras las mujeres.