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Presidente de la Confiep: "Las medidas que ha tomado el Gobierno para combatir a la minería ilegal no han funcionado"

Representantes de gremios empresariales hablaron ante la prensa tras los sucesos en Pataz donde murieron 9 trabajadores de la minera Poderosa.
Representantes de gremios empresariales hablaron ante la prensa tras los sucesos en Pataz donde murieron 9 trabajadores de la minera Poderosa. | Fuente: Confiep

El presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, y Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la mina Poderosa, concindieron en pedir una rectificación de la Reinfo, mecanismo que permite amparar a la mineria ilegal.

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante, consideró que lo sucedido el último sábado en Pataz, donde murieron 9 trabajadores de la mina Poderosa tras un ataque de la minería ilegal, "es un claro ejemplo de que la efectividad y ejecución de las medidas que tomado el Gobierno para combatir la minería ilegal no ha funcionado".

En una presentación ante la prensa, junto a otros representantes de gremios empresariales, Bustamante recordó que en el pasado se registraron acciones criminales en Pataz de las que el Gobierno "estaba al tanto" y aunque se declaró la zona en estado de emergencia el Ejecutivo "no fue capaz de contener esta situación". 

"A todas luces estamos perdiendo la guerra contra la criminalidad, el Estado está perdiendo soberanía en varios lugares del Perú y es inaceptable que claudique en su deber de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos", afirmó. 

"Pataz es un ejemplo de que vivimos todos los días una tragedia. Acá en Lima o en cualquiera de los departamentos del Perú vemos a pequeños comerciantes que tienen que pagar cupos a bandas criminales para ejercer su actividad económica", lamentó. 

Bustamante consideró fundamental reforzar a la Policía Nacional para una lucha más efectiva contra la criminalidad en territorios donde las actividades ilegales han ganado terreno, y revivir organismos como el servicio de inteligencia nacional para enfrentar y desarticular a estos grupos criminales.

La posición de Bustamante, fue respaldada por Pablo de la Flor, representante de la mina Poderosa, respecto a necesidad de una trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Perú y Las Fuerzas Armadas, de manera similar a como se realiza en el VRAEM contra los remanentes de Sendero Luminoso y, "sobre todo", consideró necesario "incorporar un elemento hasta ahora ausente: inteligencia". 

"Es hora de pasar del dicho al hecho, hemos escuchado anuncios de dos ministros (en Pataz) [...] esperemos que estas se hagan realidad en el cortísimo plazo. No podemos perder tiempo, la vida de nuestros compañeros está en juego, la vida en Pataz está en juego", afirmó.

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Piden rectificar la Reinfo

Bustamante también se refirió al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), unidad administrada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) que permite eximir del delito de minería ilegal a mineros informales o artesanales, mientras tramitan la regularización de su registro.  

"Eliminar las medidas que tenemos en el Perú como la Reinfo, que acredita por medio de una declaración jurada a cualquiera para realizar actividad minera, cuando vemos que la actividad minera formal tiene unos requerimientos altísimos y dificilísimos de llegar", planteó. 

"Hay una asimetría, porque los informales solo requieren de una declaración jurada y eso les permite comprar suministros y esto da pie a la minería ilegal, que busca apoderarse de territorios por la fuerza", agregó. 

Al respecto, De la Flor señalo que "resulta clave" en la lucha contra la criminalidad y la minería ilegal, "rectificar esta desnaturalización que se ha cometido con el Reinfo". 

"Se ha convertido en una suerte de patente de corso y protección para los ilegales, que al amparo de este mecanismo no tienen ninguna responsabilidad jurídica por sus actos", afirmó. 

El representante de la mina Poderosa indicó que la Reinfo tiene 87 mil registros de grupos de minería informal, de los cuales más del 70% "están suspendidos por incumplimientos", mientras que "el 90% de los registros corresponden a mineros que operan en propiedad de terceros". 

"El Reinfo tiene 20 años y ha sido un rotundo fracaso [...] no podemos seguir con el Reinfo, se ha convertido en un manto de protección de la ilegalidad", sentenció.

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