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Una de las detenidas tiene ocho meses de embarazo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

La madrugada de este viernes 28 de diciembre la Policía Nacional y el Ministerio Público intervinieron a los integrantes de la organización criminal “Los Correcaminos del Sur” que se dedicaba a cobrar cupos a transportistas en Arequipa.

Fueron detenidos nueve personas, entre ellas el gerente regional de Transportes, José Gamarra Vásquez, dos subgerentes e inspectores.

¿Cómo operaba esta mafia? 

Había dos sistemas de cobro de cupos, uno dirigido a los transportistas informales y otra a los formales.

El comandante Darwin Venero, jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía Nacional, explicó que a los formales les cobraban 200 soles por vehículo a cada empresa de transportes para no intervenirlos en los operativos.

En tanto que para agilizar y otorgar las resoluciones de autorización de rutas cobraban entre 10 mil y 30 mil soles. El dinero era recaudado por el inspector Gabriel Froilán Almonte Concha, alias “Chascoso”, a quien se le halló en su poder un arma de fuego sin licencia.

La misma función cumpliría el dirigente sindical y jefe de Inspectores Abraham Mendoza Aco. Él también daba la orden a los inspectores para intervenir y llevar al depósito a los vehículos que no pagaban los cupos.

Todo el dinero era entregado a los subgerentes regionales de Transportes, Juan Guillermo García Velásquez, alias “Bigotes” y Christian Umberto Motta Contreras, alias "Chino", y de ahí al gerente José Gamarra.

El gerente y subgerentes se encargaban de viabilizar las resoluciones de autorizaciones de rutas. El servicio de Minivan cubren las rutas a Juliaca, Puno, La Joya, El Pedregal, Camaná, Ilo y Mollendo.

En el caso de las Minivan informales, cobraban montos mayores a los 200 soles por cada vehículo. El cobro de los cupos se hacía cada 15 días o 30 días.

Después del pago que hacían los transportistas formales e informales, se les colocaba a cada licencia de conducir un sticker para que al momento del operativo el inspector lo deje ir. Estos sticker se cambiaban mensualmente para asegurar el pago.

Si la empresas o el propietario de la Minivan no pagaba, eran perseguidos por los inspectores y los vehículos eran llevados al depósito.

La invetsigación está a cargo de la fiscal Alejandra Cárdenas del Primer Despacho de la Fiscalía de Crimen Organizado. La orden de descerraje y detención preliminar fue autorizada por el juez Juan Carlos Churata del juzagdo de Investigación Preparatoria para Casos de Corrupción de Funcionarios.

En poder del gerente y subgerente se encontré cerca de medio millón de soles en efectivo. 

Comunicado 

A través de un comunicado, la gestión de la gobernadora regional Yamila Osorio, lamentó el caso que involucra a funcionarios de confianza y algunos trabajadores de la Gerencia Regional de Transportes.

El comunicado dice lo siguiente:

Ante los hechos acaecidos el día de hoy en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, las autoridades del Gobierno Regional Arequipa, lamentan profundamente el caso que involucra a un funcionario de confianza y algunos trabajadores de la citada Gerencia, por la presunta comisión de ilícitos penales, que mancilla el nombre de nuestra institución; por lo que en el marco del Estado de Derecho y un Debido Proceso, solicitamos al Ministerio Público y al Órgano Jurisdiccional que con la celeridad del caso, realice las investigaciones a que hubiera lugar, a fin de determinar las responsabilidades e identificar a los presuntos autores conforme a Ley.

Ante ello, las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa y la institución en sí, se ponen a disposición de las investigaciones; asimismo, rechazamos rotundamente cualquier acto de corrupción y las insinuaciones que pretenden involucrar a autoridades, funcionarios y/o servidores de nuestra institución, sin los indicios de prueba razonables.

Hacemos un llamado a las próximas autoridades y funcionarios del Gobierno Regional tomar las acciones de control que corresponda y que la institución requiere, a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía.