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por Sergio Espinoza
·En RPP, el abogado Joseph Campos también tildó de “incorrecta” la investigación preliminar que afronta la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de funciones.
Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, criticó hoy nuevamente a la Fiscalía de la Nación por la investigación preliminar iniciada contra la mandataria por el denominado caso ‘Rolex’.
En Ampliación de Noticias, el letrado – quien asume la defensa legal de la mandataria en la investigación por las muertes en las protestas antigubernamentales – tildó de “inconstitucional” las diligencias iniciadas por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de funciones en contra de Boluarte Zegarra por su colección de relojes de alta gama, entre ellos al menos un Rolex.
“Quiero ser muy respetuoso con la tarea de Mateo Castañeda [abogado de la presidenta en el caso Rolex], porque él es el abogado y debe estar desarrollando una acción específica para enfrentar este problema. Pero sí me interesaría precisar mi crítica a la actuación del Ministerio Público, que sí creo que es inconstitucional”, declaró.
Campos deslizó la posibilidad de que el reloj Rolex podría ser un “regalo”, que, a su juicio, no constituye como un enriquecimiento ilícito.
Así, insistió en que el Ministerio Público debe demostrar en qué circunstancias se demostraría que el reloj Rolex es la confirmación de un presunto acto irregular, “porque hasta ahora la Fiscalía ha investigado lo que quiere investigar”.
“Por ejemplo, [supongamos que en] el Megapuerto de Chancay hay una situación irregular que comete la presidenta y le encuentras el reloj; entonces dices ‘aquí hay un indicio de esa irregularidad’. Pero cuando comienzo investigar por el solo hecho de tener el reloj, ¿dónde busco? Y esa es la actuación de la Fiscalía, que comienza a buscar en Chancay, Trujillo y lo convierte en una investigación interminable”, ejemplificó.
Finalmente, el abogado constitucionalista reiteró que le parece “incorrecto” que la investigación fiscal establezca la imputación de enriquecimiento sin tener un hecho ilícito concreto por investigar. “Eso no se permite en los Estados constitucionales”, acotó.
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