Los últimos doce meses del quinquenio [COLUMNA]

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El ambiente político y las redes sociales anticipan un inminente cambio de primer ministro y algunos creen saber que podría tratarse del retorno de un experimentado líder de estirpe liberal. Es cierto que sería beneficioso para el país contar con un impulso nuevo para los últimos doce meses del accidentado quinquenio. Pero, si bien las personas cuentan, más importante aún es poseer una visión clara de las prioridades, una actitud abierta al diálogo y la energía suficiente para dinamizar la administración. Cualquiera sea la composición del nuevo gabinete tendrá que abocarse a cuatro tareas impostergables: vencer en la lucha contra el coronavirus, reactivar la economía, intensificar la política anticorrupción y garantizar la realización de elecciones limpias.

Uno de los puntos neurálgicos en el que se entrecruzan todas las dimensiones de la vida en común es el transporte. De él depende la calidad de vida de los ciudadanos, los indicadores ambientales y la competitividad de nuestra economía. La cantidad de horas pasadas a bordo de vehículos mal preparados significan tiempo perdido para las familias y las empresas. A esa realidad permanente se añade ahora el riesgo de contagio derivado del hacinamiento al que nos hemos acostumbrado. Por eso es una buena noticia que el gobierno se haya decidido a subsidiar el transporte público para compensar la pérdida de ingresos causada por la reducción del aforo. Ayer se reunió el alcalde de Lima, con la ministra de Economía y un dirigente de los concesionarios del Metropolitano. Al parecer se ha dado un paso importante hacia una solución que aleje el espectro de una interrupción del servicio. Por otra parte hoy se restablece el funcionamiento de aviones y buses interprovinciales, paralizados desde el inicio del estado de emergencia. En el caso de los buses, el reinicio deberá marcar un paso hacia una mayor formalidad en el aforo, en la velocidad y en el uso de paraderos. Veremos si el camino a la formalización no se ve perturbado por la autorización dada por el congreso a taxis-colectivos, que como sabemos suelen favorecer las violaciones a las reglas de transito y por consiguiente a aumentar los accidentes.

El día de ayer se han producido decisiones importantes en la lucha contra la corrupción. Por lo pronto, la primera tomada por la Junta Nacional de Justicia, una institución nacida del referendo de diciembre del 2018. Los siete miembros de la Junta decidieron por unanimidad suspender durante seis meses al Fiscal Supremo Tomás Gálvez, acusado de vínculos con los Cuellos Blancos del puerto. La reacción de Gálvez bastaría para considerar que carece de la idoneidad requerida: según él, la Junta, la Fiscalía y el gobierno se hallan dominados por Odebrecht y por eso se le sanciona a él, un supuesto paladín de la probidad. La Junta debe pronunciarse en breve sobre otro Fiscal Supremo, Pedro Chávarry. Por su parte la Fiscal de Nación, Zoraida Ávalos presentó sendas denuncias constitucionales contra el ex-congresista aprista Javier Velásquez y contra el ex contralor Edgar Alarcón, quien actualmente es nada menos que presidente de la comisión de Fiscalización del congreso.

Aunque le pese a los políticos autoritarios y populistas, la prensa ha jugado un papel decisivo en la lucha contra la corrupción. A través de investigaciones, noticias, entrevistas y reportajes los principales órganos periodísticos no se han prestado al pacto de impunidad que favorece la corrupción. Por eso es muy positivo que el Consejo de la Prensa haya reactivado su Tribunal de Ética independiente y plural, creado en 1997. Destinado a velar por el respeto a los valores que le dan dignidad a nuestra profesión, está presidido por el jurista Diego García Sayán e integrado por Celia Rubina, Andrés Calderón, Jenny Canales y Franklin Ibáñez.

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