Parlamentarios de diversas bancadas enviaron una carta al presidente Vizcarra para que observe la ley denominada "Ejecución humanitaria de la pena", y la regrese a la Comisión Ordinaria a fin de que se debata.
Un grupo de parlamentarios envió este lunes una carta el presidente de la República, Martín Vizcarra, para que observe la ley aprobada en el Congreso que beneficiaría al expresidente Alberto Fujimori.
En el documento, los congresistas criticaron que la iniciativa denominada “Ejecución humanitaria de la pena” presentada por la congresista Yeni Vilcatoma fuera aprobada con exoneraciones y sin ningún debate previo.
“Se emplearon todos los recursos excepcionales para eludir un debate informado que ameritaba por la importancia de la materia que regula, y que habría permitido evitar excesos e inconstitucionalidades como las que su actual texto recoge”.
Denunciaron "vicios de inconstitucionalidad"
Explicaron que la autógrafa, que ya fue remitida al despacho del presidente Vizcarra, tiene características que se asemejan a un “supuesto de amnistía o de indulto que a un régimen especial de cumplimiento de pena”.
Además, consideraron que tiene varios “vicios de inconstitucionalidad”, respecto de la proporcionalidad para condenados por delitos como homicidio o trata de personas. La falta de control que tendrá por parte del Poder Judicial y su flexibilidad que la asemeja a una liberación bajo vigilancia electrónica.
“La aplicación de este régimen especial de cumplimiento de pena conllevaría una grave distorsión en el sistema de responsabilidad que en la práctica generaría espacios de exoneración de esta responsabilidad”.
Piden debate de ley
Los parlamentarios argumentaron que el presidente Vizcarra debe observar la autógrafa y devolverla a la Comisión Ordinaria a fin de “rectificar el proceso legislativo” y que se pueda debatir con normalidad.
"Le solicitamos se sirva de observar la autógrafa de la referencia, devolviéndole a la Comisión Ordinaria del Congreso. De esta manera, habrá oportunidad para rectificar el proceso legislativo, abriendo paso a un debate nacional informado que considere los supuestos de inconstitucionalidad denunciados. Lo contrario, sería admitir que somos una sociedad conde se descarta el diálogo en favor de la tiranía numérica”.
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