Congreso debatirá hoy proyecto de ley que busca penalizar la filtración de declaraciones de colaboradores eficaces a la prensa

Hoy, el pleno del Congreso debatirá el proyecto de ley que plantea la modificación de 3 artículos del Código Procesal Penal referido al procedimiento especial de colaboración eficaz. Esta iniciativa legislativa fue presentada por la bancada de Podemos Perú, con la autoría de la congresista María Teresa Cabrera Vega, 

El proyecto, entre otros puntos, propone la sanción penal a los fiscales que "filtren" declaraciones de colaboradores eficaces y aspirantes a esa condición a los medios de comunicación.

¿Mordaza?

El proyecto de ley fue presentado el 26 de octubre del año pasado por congresistas de Podemos Perú, entre ellos el congresista José Luna, actualmente investigado por la Fiscalía. Además, el dictamen fue aprobado por unanimidad, el último 24 de enero, en la Comisión de Justicia del Parlamento, entonces presidida por Gladys Echaíz.

La iniciativa legislativa establece responsabilidad penal para los fiscales que no velen por la "protección del secreto del proceso" judicial en que estén inmersos colaboradores eficaces con la filtración de sus declaraciones a la prensa.

"El Fiscal es el responsable y guardián de la documentación del proceso y de la identidad del solicitante, debe tomar todas las providencias necesarias para evitar su develación y la filtración de sus declaraciones a los medios de comunicación social, lo cual es delictivo y es necesario evitar", establece el proyecto de ley.

Asimismo, establece que el fiscal es el único que tendrá conocimiento de la identidad y el testimonio del colaborador eficaz, además del abogado defensor, por medio de un código y debe "tomar todas las medidas necesarias para preservar su secreto y muy especialmente evitar la develación de la identidad del solicitante de colaboración".

"De esta manera se evitarían las penosas filtraciones de las declaraciones de los solicitantes y colaboradores, publicadas en los medios de comunicación social, donde leemos sorprendidos los facsímiles del íntegro de sus declaraciones y eso se realiza con total impunidad", refiere el documento.

A su vez, el proyecto de ley propone que las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces no puedan ser usadas hasta que "se corrobore" dichos testimonios y cuenten con "acuerdos aprobados judicialmente".

"La declaración de un postulante a colaborador eficaz siempre es sospechosa, porque pretende beneficios o premios penales, por ello no merece mayor credibilidad y necesita ser corroborado y aprobado judicialmente. Esta situación atenta contra todas las garantías del debido proceso, porque se está privilegiando tan solo el “dicho” de un delincuente confeso", señala la propuesta de norma.

Es decir, en materia judicial, la iniciativa propone que se prohiba "el uso de estas declaraciones de los postulantes a colaboradores eficaces, mientras no estén debidamente corroborados y cuenten con acuerdos aprobados judicialmente".

También desde el Ejecutivo

Vale decir que, el pasado 25 de junio, el premier Aníbal Torres anunció que el Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales

"Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es publico y no hay reserva”, informó Torres en una conferencia de prensa realizada ese día.

El premier sostuvo que se buscaba evitar la divulgación de información reservada y precisó que la sanción sería de cuatro años de prisión.

“Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público. A veces seleccionado información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder. Por eso estamos presentado al Congreso un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine. Y sea sancionada hasta en algunos casos con cuatro años de pena privativa de la libertad”, agregó.

Esta iniciativa del Ejecutivo fue criticada por varios gremios periodísticos, como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Federación de Periodistas del Perú, además de otros sectores de la sociedad civil por considerarlo un "atentado" a la libertad de prensa.

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