por Redacción RPP
·La legisladora Diana Gonzales señaló que estas propuestas generaban riesgos de impunidad e inconstitucionalidad, tras la aprobación de la extensión del Reinfo hasta diciembre de 2026.
La congresista Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, defendió la decisión legislativa de frenar una propuesta que -según señaló- buscaba reincorporar a 50 000 mineros excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pese a que la mayoría no había realizado actividad minera en los últimos años.
Y es que el Pleno del Congreso aprobó anoche, en primera votación, extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
No obstante, la representación nacional -a raíz de una cuestión previa presentada por Gonzales- votó por separado las disposiciones complementarias de la normativa, entre ellos el retorno de 50 000 mineros excluidos del proceso.
En Ampliación de Noticias, Gonzales explicó que la bancada de Avanza País impulsó una cuestión previa para impedir que estos mineros fueran nuevamente considerados “informales”, condición que el predictamen pretendía devolverles.
“Lo que hemos logrado es presentar una cuestión previa para mantener a los 50 mil hoy mineros ilegales donde realmente les corresponde, porque lo que pretendía este predictamen era revestirlos de informalidad nuevamente”, afirmó.
Según la parlamentaria, el 90% de esos 50 000 operadores no registraba actividad desde hace cuatro años y tenía el Reinfo suspendido. También dijo que la exclusión no afectó la contribución fiscal, según mencionó al citar cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat),
“Increíblemente, con 50 mil reinfos menos, la recaudación aumentó en 600 millones de soles”, aseveró.
Gonzales sostuvo que esta situación evidencia un problema mayor: el tráfico de reinfos.
“Hay un mercado para traficar los reinfos. No tienen miedo de hacerlo a través de redes sociales, piden alquilar reinfos suspendidos. No importa si la autorización de Sucamec está vencida, ellos se encargan de solucionar todo ello”, señaló.
A su juicio, muchos de estos operadores buscan mantener el registro únicamente como amparo legal, pese a no estar en actividad.
¿Riesgo de impunidad?
Gonzales cuestionó también las “letras chiquitas” del predictamen, que -según advirtió- incluían disposiciones que iban más allá de una simple prórroga.
“Si realmente el objetivo era la prórroga, hubieran presentado un texto con ese artículo. Pero no, han intentado meter contrabando en disposiciones complementarias”, afirmó, al referirse tanto a la reincorporación de los 50 mil mineros como a modificaciones en las causales de exclusión.
La legisladora señaló que estas propuestas generaban riesgos de impunidad e inconstitucionalidad, y destacó que lograron frenarlas mediante la cuestión previa.
“Era increíble, realmente impunidad. Pueden invadir y no pasar. Pero eran inconstitucionales. Lamentablemente eso fue aprobado en la comisión y ese es el texto que llega al pleno”, concluyó.
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