Según el Ministerio Público, Raúl Doroteo habría obligado a una trabajadora de su despacho a que entregue indebidamente el 50 % de los ingresos que percibía en el Congreso de la República.
La Fiscalía de la Nación dio a conocer que presentó una denuncia constitucional contra el congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, por la comisión del presunto delito de concusión en agravio del Estado.
A través de un comunicado el organismo constitucional autónomo indicó que la acusación, realizada a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, obedece a que el parlamentario habría obligado a una trabajadora de su despacho a que le entregue de manera indebida el 50 % de los ingresos que percibía del Legislativo.
Estos hechos, en contra de María Fernanda Morales Gutiérrez, habrían ocurrido del 2023 al 2024 y se habrían llevado a cabo por intermedio de Mario Ricardo Reyes Ortiz.
El Ministerio Público sostiene que dicha trabajadora era amenazada con ser despedida por negarse a realizar estos pagos, hecho que finalmente ocurrió.
Comisión de Ética aprobó informe final que recomienda sancionar a Raúl Doroteo
Cabe señalar que el pasado 2 de diciembre, la Comisión de Ética aprobó por mayoría el informe final que declaraba fundada la denuncia de oficio contra Raúl Doroteo y recomendaba al pleno se le sancione con la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura.
“Se ha acreditado la existencia de una denuncia periodística mediante la cual se da a conocer a la opinión pública que la señora María Fernanda Morales Gutiérrez venía siendo víctima de recorte de sus remuneraciones [por parte del congresista Raúl Doroteo]”, indicaba el referido documento.
Asimismo, concluye que “existiendo la presunción de la comisión del delito de concusión, formúlese la correspondiente denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para los fines de ley; y que se remita a la Fiscalía de la Nación para que sea incorporado en la carpeta fiscal correspondiente”.
También se dispuso que el informe final sea remitido a la Oficialía Mayor, para que se dispongan las sanciones administrativas y/o penales contra Mario Reyes Ortiz, quien se desempeñó como asesor II en la Comisión especial de seguimiento a la emergencia y gestión de riesgo de desastre COVID-19.
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