Políticas públicas para frenar la violencia contra la mujer: ¿Qué debe tener en cuenta el próximo presidente o presidenta?

En julio de 2020, Melody Dávia fue atacada por su expareja Guillermo Álvarez en Ate Vitarte. Dos meses después, en setiembre, Julia Huancahuire fue hallada enterrada en el patio de su casa en Arequipa luego de estar 5 años desaparecida. El principal sospechoso: su ex conviviente. Luego una joven de 21 años  denunció haber sido violada por cinco hombres. Estos casos de violencia contra la mujer no han dejado de reportarse en el primer trimestre del presente año, en plena campaña por la Elecciones 2021.

Proteger a las mujeres de la violencia es uno de los retos que debería marcar la agenda del próximo presidente o presidenta elegida resultado de las Elecciones 2021. ¿Qué deben tener en cuenta sobre este grave problema quienes ocupen cargos públicos durante los próximos años?

Entre enero y diciembre del año pasado 97 mil 926 mujeres fueron víctimas de agresión física, sexual, psicológica o económica, según el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora). En lo que va del 2021 se han presentado 22 mil 95 denuncias más. Eso, sumado a los 154 casos de feminicidios registrados en ambos períodos, evidencian la necesidad de incorporar y fortalecer aún más las políticas públicas contra la violencia de género.

Para la directora de Promsex, Susana Chávez, es un error considerar que la violencia contra las mujeres es un delito común o un problema de salud mental. “Aún no se reconoce como un grave problema de desigualdad de género. No hay un reconocimiento del costo social y económico que implica para las familias y la sociedad una mujer maltratada. Hay también muy poca inversión en prevención y en la formación de funcionarios y operadores de servicios”, sostiene.

CIFRAS QUE DUELEN

El Ministerio de la Mujer no es la única institución que recoge cifras sobre las víctimas de la violencia de género. En el 2020, en plena emergencia sanitaria por la COVID-19, la Defensoría del Pueblo reportó 204 tentativas de feminicidios y registró 50 muertes violentas de mujeres que aún no han sido esclarecidas. Al respecto, la antropóloga Angélica Motta sostuvo que la estrategia Quédate en Casa, establecida para mitigar la crisis por la COVID-19, colocó en estado de vulnerabilidad y exposición a las mujeres, adolescentes y niñas.

“La política pública, lo que se diseña para enfrentar este problema y, en general, para enfrentar las problemáticas del país, no puede asumir la casa como un lugar seguro [para las víctimas]. Creo que eso es algo que ha quedado clarísimo y que hay que tomarlo en cuenta [para el futuro]”, advierte Motta.

En los últimos 5 años el Ministerio de la Mujer ha ido incrementando progresivamente sus recursos, alcanzando los 691 millones de soles para atender la violencia de género en el 2021. Sin embargo, el monto no supera el 0.37% del presupuesto nacional. Si bien la disponibilidad de dinero facilita la implementación de medidas, como la creación de 25 Centros Emergencia Mujer (CEM) adicionales a los 416 a nivel nacional, para la abogada especialista en género Brenda Álvarez la violencia contra las mujeres es un problema que responde a una deficiencia estructural y requiere que las entidades del Estado unifiquen criterios.

“El Ministerio de la Mujer tiene que fortalecer su rectoría en términos de igualdad de género. Esto es un aspecto importantísimo porque en ese ejercicio es necesario que todos los actores del Ejecutivo, principalmente, incorporen la perspectiva de género para que todas las intervenciones del Estado puedan caminar a la erradicación de la violencia contra las mujeres”, indicó Álvarez.

Motta, por otro lado, agrega que la educación con enfoque de género es la base de un cambio organizado y eficiente, ya que involucra a varios sectores sociopolíticos.  “Creo que es el campo de la política pública que puede fomentar una transformación cultural y social profunda. Ahí hay un conjunto de tareas que tienen que ver con la formación en todos los niveles de la sociedad, que es muy importante y que no se está asumiendo con el debido impulso y con la debida fuerza”.

La directora de Promsex, Susana Chávez, incide en el rigor del cumplimiento de las leyes. No obstante, comenta que el enfoque no solo debe estar en perseguir el delito sino en la prevención. “Necesitamos la voluntad política de que los servicios públicos sean espacios libres de violencia de género. Un segundo aspecto debería ser la incorporación del indicador de la tolerancia institucional de la violencia como parte del desempeño de las instituciones”.

CUIDADO CON LAS PROPUESTAS ELECTORALES

A inicios de la campaña electoral sorprendió que se proponga eliminar varios ministerios, entre ellos el Ministerio de la Mujer. La abogada Cynthia Silva opina: "No considero que haya razones que justifiquen la eliminación del Ministerio de la Mujer en la medida que la vida libre de violencia de las mismas [mujeres] no se ha logrado, la ansiada y obligatoria eliminación de la violencia todavía no se ha alcanzado. Y esto es algo que es una tarea pendiente”, indica.

Angélica Motta agrega que “es bastante absurdo” que se diga que el principal sector dedicado a atender la violencia contra las Mujeres va a desaparecer. “Sería como decir que porque en la pandemia han muerto muchas personas y hay graves problemas de salud, entonces que no exista el Ministerio de Salud... al contrario, que se fortalezca”, concluyó.

La violencia contra las mujeres es un problema que lleva décadas sin recibir la atención adecuada. Luego de las Elecciones 2021, quien comande el Perú está llamado a contemplar propuestas que prioricen la igualdad de oportunidades y derechos para las peruanas.