por Redacción RPP
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Los candidatos al Senado, Raúl Canelo y Guillermo Aliaga, confrontaron posturas sobre la permanencia de José Jerí en la presidencia, la efectividad de las leyes contra el crimen organizado y la crisis ética en el Ministerio Público en RPP.
En el programa Las cosas como son de RPP, los candidatos al Senado Raúl Canelo, por el partido Libertad Popular, y Guillermo Aliaga, de Somos Perú, analizaron los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia.
El intercambio de ideas se centró inicialmente en la captura de Eric Moreno Hernández, alias "El Monstruo", un evento que sirvió para cuestionar la eficacia del marco legal vigente frente a las organizaciones criminales de alta peligrosidad.
El impacto de la legislación en la seguridad ciudadana
Raúl Canelo, quien postula con el número 3 en la lista que encabeza Rafael Belaunde, vinculó directamente la captura del criminal con las deficiencias legislativas actuales.
"Hay una serie de leyes que han beneficiado al crimen organizado", sostuvo Canelo, argumentando que el cambio en las definiciones legales ha favorecido no solo a sectores vinculados a la minería ilegal o la corrupción política, sino también a la delincuencia común.
Según el candidato, el delincuente sabía que al cambiar la definición del crimen organizado se iba a beneficiar, por lo que considera imperativo corregir estas normas que siguen vigentes.
Por su parte, Guillermo Aliaga, quien encabeza la lista al Senado de Somos Perú, partido que lleva a George Forsyth como candidato presidencial, enfocó su análisis en la operatividad del sistema penitenciario y la integridad policial.
"Es muy importante que hoy en día este señor vaya primero a una institución penitenciaria de máxima seguridad", afirmó Aliaga, sugiriendo que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debe evaluar el traslado a la Base Naval o el penal de Challapalca.
Su preocupación principal radica en neutralizar posibles actos de corrupción policial que habrían facilitado actividades previas del detenido y asegurar que este no mantenga comunicación con el exterior.
La controversia política en torno a José Jerí
El debate alcanzó un punto de tensión al discutir la situación del presidente José Jerí y los cuestionamientos éticos que lo rodean.
Canelo defendió la necesidad de una salida política inmediata a través de la fiscalización parlamentaria. "Debería ser censurado", sentenció Canelo, añadiendo que los indicios de cohecho y patrocinio ilegal son graves y vinculan al presidente con un esquema que calificó como un "Odebrecht chino".
Para el representante de Libertad Popular, el Congreso ya ha vacado a siete presidentes por razones políticas sin esperar sentencias judiciales firmes, por lo que la presunción de inocencia no debería impedir una sanción política ante evidencias que considera clarísimas.
Desde la posición de Somos Perú, Guillermo Aliaga marcó una clara distancia basada en el debido proceso. "Es importante hacer una mención expresa de que acá hay un principio de presunción de inocencia", declaró Aliaga, enfatizando que, aunque el partido ha solicitado investigaciones en las comisiones de Ética y Fiscalización, cualquier remoción debe estar justificada jurídicamente.
Aliaga señaló que su partido no protege a militantes y que Jerí solicitó licencia tras asumir la presidencia, pero insistió en que una vacante requiere demostrar una incapacidad moral permanente con votos que reflejen un consenso y no solo discursos de campaña.
Crisis en el sistema judicial y la suspensión de Patricia Benavides
Los candidatos también abordaron la inestabilidad en la Junta de Fiscales Supremos y la reciente sanción del Colegio de Abogados de Lima contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Canelo, en su condición de decano de dicha institución, aunque aclarando su postura política en el debate, detalló que la suspensión de seis meses se debe a faltas éticas relacionadas con declaraciones falsas ante la Junta Nacional de Justicia sobre su hermana.
"En tanto se ejecuta la medida cautelar, no está habilitada como abogada en este momento y en consecuencia no puede ser fiscal en este momento", explicó Canelo, precisando que la ley exige la habilitación vigente para ejercer el cargo.
Aliaga calificó el panorama institucional como desalentador para la ciudadanía. "Sería muy penoso en este momento seguir viendo cómo se sigue zarandeando el tema de los fiscales supremos", manifestó Aliaga, refiriéndose a las suspensiones y falta de ratificaciones que afectan la operatividad del Ministerio Público.
En respuesta, Canelo advirtió sobre la existencia de un engranaje político que habría permitido el resurgimiento de influencias similares a las de los 'Cuellos Blancos' en entidades clave como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, lo que a su juicio representa un ataque coordinado contra el sistema de justicia.
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