Las sanciones no solo serán para los candidatos u organizaciones políticas que agravien a un candidato, sino cualquier persona natural.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) supervisará las redes sociales y sancionará a las personas que agravien a los candidatos u organizaciones políticas, informó la especialista en Derecho Electoral de la Dirección Nacional de Fiscalización del JNE, Yessica Clavijo.
“El ámbito de la fiscalización no solo abarca nuestras principales calles, avenidas o medios de comunicación tradicionales como la radio y televisión, sino también las redes sociales, y nosotros estamos atentos a la fiscalización, no solo en la vulneración de la neutralidad, sino de la propaganda y publicidad estatal en redes sociales”, afirmó.
En ese sentido, dijo que las sanciones no solo serán para los candidatos u organizaciones políticas que agravien a un candidato, sino cualquier persona natural, porque el artículo 389 de la Ley Orgánica de Elecciones, contempla sanciones no menores a dos años privativas de la libertad.
“El artículo 389 referido al agravio a cualquier candidato, no se refiere necesariamente a organizaciones políticas o candidatos quienes podrían ser los denunciados, sino también las personas naturales porque son delitos electorales”, precisó.
Asimismo, consideró que en la normativa electoral “hay algunos vacíos” porque “la realidad está superando todo lo que está en el papel” por cuanto la ley data de fines de los años noventa.
“Es necesario hacer una reformulación de cuáles son los tipos, características y actores nuevos que aparecen en el marco de las campañas electorales”, agregó.
Por ello, refirió que el área técnica de la Dirección Nacional de Fiscalización del JNE brindará opiniones técnicas “en mérito a la realidad que encuentre en su patrullaje en las calles a través de las brigadas de fiscalización” desplazadas a nivel nacional.
“Esta información se pone a disposición de los Jurados Electorales Especiales y serán ellos los que determinen si hay una vulneración a la normativa electoral o si resulta competente la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria Sunedu u otras entidades, teniendo además en cuenta que en el caso particular de las universidades tienen beneficios tributarios y de repente se correrá traslado a la Sunat, y también la ONPE sobre el financiamiento”, acotó.
ANDINA
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