Juntos por una educación que no deje a nadie atrás, por Verónika Mendoza

Estamos a unas semanas de iniciar un nuevo año escolar y la esperanza que albergábamos de ver a nuestros niños, niñas y jóvenes volviendo presencialmente a las aulas se diluye. Una segunda ola de contagios ha colapsado nuevamente nuestro sistema de salud y frenado nuestra economía mientras la campaña de vacunación aún es incierta. El reinicio de clases se dará, entonces, en un contexto de emergencia en el que la prioridad será proteger la salud y la vida de estudiantes y docentes y su permanencia en el sistema educativo. Se deberá establecer una estrategia diferenciada territorialmente con una intervención intersectorial para garantizar las condiciones básicas para estudiar en tiempos de pandemia: atención en salud para estudiantes y docentes, alimentación saludable con un servicio alimentario que aproveche la producción agrícola local, un intensivo plan de inversión pública para ir cerrando las brechas en infraestructura para servicios básicos (¡no puede ser que 60% de las escuelas públicas no tengan agua potable!) y, en particular, para cerrar la brecha de acceso a internet que hoy es una herramienta imprescindible. Por eso planteamos que el acceso a internet sea reconocido como un derecho humano en la Constitución, al tiempo que se asegura la ramificación de la fibra óptica a partir de la Red nacional dorsal ya existente que solo espera de la acción decidida del Estado para llegar a cada distrito del país. Nuestro principal objetivo en este nuevo año escolar debe ser no dejar a nadie atrás.

Al mismo tiempo, debemos ir generando las condiciones para una reforma educativa integral que debe partir por reconocer la educación como un derecho que el Estado garantiza y no solo un servicio que los privados proveen mientras el Estado se lava las manos, menos una mercancía cualquiera. Por eso, consideramos fundamental avanzar hacia un nuevo pacto social –una nueva Constitución- que establezca claramente que la educación es un derecho y debe ser universal, gratuita y de calidad. En ese marco, corresponde erradicar el lucro en la educación dejando atrás el Decreto legislativo 882 con el cual la dictadura fujimorista convirtió a la educación en un negocio, fortalecer la educación pública y la capacidad del Estado para regular la privada, fortalecer a la SUNEDU para que acabe con todas las mafias que hicieron de la educación una fachada para delinquir. Pero, además, esta reforma debe reafirmar una educación que no produzca “mano de obra barata” -como durante mucho tiempo pretendieron nuestras élites- sino ciudadanas y ciudadanos comprometidos con nuestro país, solidarios, que pongan por delante el bien común, eso valores que nos han permitido resistir durante la pandemia. Debe construir una educación que integre a la comunidad, con enfoque ambiental y territorial, conectada a la realidad; con enfoque crítico y científico, que desarrolle desde temprana edad el gusto y las capacidades para crear e investigar, recuperando diversos saberes. Debe construir una educación para la igualdad, laica, intercultural y con enfoque de género para que ninguna niña, ningún niño sea discriminado por su lengua, su cultura, su identidad de género o su orientación sexual. Debe incluir una educación en salud sexual y reproductiva para reducir ese constante 13% de niñas y adolescentes madres o embarazadas que ve truncada su escolaridad.

Una reforma de esta envergadura y profundidad requiere ciertamente de un amplio proceso de diálogo con el concurso de intelectuales reconocidos, maestros calificados y líderes culturales representativos de diversos territorios del país, y requiere del involucramiento protagónico de los maestros y maestras cuya profesión debe ser dignificada. Debemos superar la precariedad e inestabilidad en la que el Estado los mantiene con un 40% en situación de contratados, un porcentaje que en Juntos por el Perú nos proponemos reducir a un marginal 3%, al mismo tiempo que incrementamos las plazas anuales de la carrera pública magisterial y duplicamos el poder adquisitivo en el salario docente al 2026.