Las reglas de juego electorales de cara a las Elecciones 2026 deben quedar definidas un año antes del proceso, es decir, antes de abril de 2025. Dictamen que eleva los impedimentos a candidatos con sentenciados hasta 10 años después de cumplida su sentencia está a la espera de un nuevo debate desde diciembre del año pasado.
Elecciones
Vocero del JNE hace un llamado al Congreso a debatir proyecto de ley que limita participación de condenados por delitos graves en elecciones
Dos procesos electorales se llevarán a cabo en 2026 en el Perú, las Elecciones Generales y las Elecciones Regionales y Municipales. Estos comicios requieren que se prepare con anticipación el marco legal que regirá en ambos procesos, condición indispensable tanto para las organizaciones políticas que deseen participar en ellos, como para la ciudadanía que acudirá a votar y debe estar al tanto.
Como hemos informado en el Poder en tus Manos de RPP, la comisión de Constitución del Congreso avanzó con la aprobación de un dictamen que reúne una serie de proyectos de ley con modificaciones que aplicarán en 2026, y que debe ser debatido en el Pleno para su aprobación. Dos de esos cambios son, por ejemplo, la convocatoria a elecciones 365 días antes de la fecha del proceso electoral (ya no 270 días como señala la ley vigente), y que las personas que deseen ser candidatos deben afiliarse a una agrupación política seis meses antes de la convocatoria a elecciones (octubre de 2024, aproximadamente).
Pero existen otros proyectos de ley que aún están pendientes de ser abordados en el Congreso y que tienen estrecha relación con el siguiente proceso electoral.
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Una invocación al Congreso
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hizo un llamado a los congresistas a debatir y resolver el dictamen que limita la participación en elecciones de personas que han cumplido condena por delitos graves hasta diez años después de encontrarse rehabilitadas, es decir, de haber cumplido su pena.
“Sí habría que hacer un llamado para que esto [el proyecto sobre sentenciados] sea debatido, porque ya estamos con el tiempo en contra para que pueda ser visto con mayor profundidad en el Pleno del Congreso. Recordemos que una vez que se convoca el proceso electoral [estimado para abril de 2025] inicia la etapa de intangibilidad, es decir, las normas que se aprueben después de la convocatoria [a elecciones] ya no son aplicables al presente proceso”, sostuvo sobre el tema Luis Alberto Sánchez, jefe del gabinete de asesores del JNE en diálogo con El Poder en tus Manos de RPP.
Sánchez informó que, sobre este proyecto de Ley, el JNE ya ha enviado al Congreso sus respuestas técnicas y señaló que desde diciembre del año pasado el tema se encuentra en cuarto intermedio.
“El Congreso tiene un bloque de más de veinte proyectos de ley presentados por diversos congresistas y actores políticos, referidos a reforzar los requisitos de los candidatos en relación a las sentencias condenatorias que presenten o incluso [se propone] incrementar el listado de delitos que impidan las postulaciones”, indicó.
Justamente, desde El poder en tus Manos de RPP, hemos realizado un seguimiento constante a esta propuesta legislativa de importancia por tratarse de una reforma constitucional.
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Hemos abordado desde la aprobación del dictamen y sus antecedentes a cargo de la Comisión de Constitución y Reglamento, las experiencias de otros países de la región sobre la participación política de condenados, la consulta a expertos en materia constitucional y congresal respecto a esta norma, el análisis de si las condiciones carcelarias del país permiten una real rehabilitación de los exreclusos y hemos dado a conocer lo que falta para que este tema sea tomado en cuenta por la representación congresal.
El dictamen para reforzar requisitos o incrementar impedimentos de postulación de candidatos tendría que ser visto y promulgado durante las legislaturas de este año a más tardar, así con las reglas claras, las organizaciones políticas sabrían a qué candidatos sumar a sus filas y los electores podrán estar más alertas a su rol de control ciudadano.
La decisión está, una vez más, en manos de los 130 congresistas.
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