Necesitamos una nueva Constitución que nos permita enfrentar estos tiempos de crisis ecológica mundial y de cambio climático. Debemos enfrentar una nueva realidad que diversos científicos denominan “antropoceno” (que se entiende como la aguda desestabilización de los sistemas planetarios por intervenciones humanas que hacen peligrar la sobrevivencia de la misma especie humana). ¡Urge garantizar los derechos de nuestras futuras generaciones!
Necesitamos una Nueva Constitución que reconozca la existencia de los derechos de la naturaleza. Debemos cuidar nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad, las fuentes naturales donde se producen las aguas y salvaguardar nuestra sociedad de las amenazas ecocidas y también genocidas contra nuestros pueblos originarios.
Nuestra amazonía está siendo deforestada por el narcotráfico, por mineros y madereros ilegales que han constituido organizaciones criminales de alcance internacional, que están lavando dinero en el sistema financiero. Padecemos una corrupción sistémica que incluso permite que sean las mismas actividades extractivas legales las que causen graves daños ambientales con total impunidad. Necesitamos una Nueva Constitución que constitucionalice el derecho de nuestra sociedad a vivir libre de corrupción.
La situación de emergencia sanitaria permite ver la letalidad del debilitamiento del Estado y de la desaparición de derechos sociales fundamentales como la salud y la educación. Desde el Frente Amplio proponemos que haya referéndum ciudadano el mismo día de las elecciones generales del 2021. Afirmamos que para la recuperación de los derechos a la salud, la educación, la alimentación y en contra de la depredación y la corrupción, ¡urge una nueva Constitución!
Con la actual Constitución están abiertas las puertas para la privatización del agua. La prohibición explícita de la privatización del agua debe ser parte de nuestra Nueva Constitución. De hecho, entre las más fuertes motivaciones de la ciudadanía chilena para cambiar su Constitución, está no solo el rechazo ciudadano a la privatización de la educación, la salud y las pensiones, sino también contra la privatización del agua. ¡Aprendamos las lecciones!
Por lo demás, el año 2017, con el Censo de Autoreconocimiento del INEI, sabemos que 0.9% de peruanos se autoidentifican como indígenas u originarios de la amazonía; 24,9% como indígenas u originarios de los Andes y 3,6% personas se autoidentifican como afroperuanos. De cara al Bicentenario hay que saldar una deuda histórica que, reconociendo constitucionalmente el Estado unitario plurinacional, reconozca su derecho a tener su propia representación política, así como reconozca y garantice la justicia intercultural y pluricultural.
Una Nueva Constitución debe reconocer y garantizar la existencia de una economía diversificada, plural y solidaria que sea armoniosa con la sostenibilidad ecológica, proteja nuestra biodiversidad y pluriculturalidad, reconozca derechos laborales y el rol planificador y regulador de Estado para la sociedad del Buen Vivir. La noción de “libre mercado” que se contrabandea bajo el título de “economía social de mercado”, está sirviendo como fundamento para impedir que el Estado garantice los derechos fundamentales y combata frontalmente la corrupción. Hay quienes invocan la Constitución neoliberal para defender la intocabilidad de contratos corruptos, o incluso la especulación y acaparamiento del oxígeno y de medicamentos esenciales, como lo estamos viendo y sufriendo en estos terribles tiempos de pandemia.
La existencia de una sociedad más democrática e igualitaria, la sociedad del Buen Vivir que debemos construir, requiere también erradicar constitucionalmente el injusto sistema patriarcal que discrimina y violenta a las mujeres y ciudadanos LGTBI. Es necesario garantizar la igualdad de derechos de todos y de todas. Queremos un país libre de toda discriminación en el que se erradique la justificación de las múltiples formas de violencia. Es preciso reconocer derechos de todos y de todas en base a la igual dignidad humana.
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