Sobre el aborto, unión civil y eutanasia, por Keiko Fujimori

Estamos convencidos que todo partido político tiene como obligación con la sociedad compartir de manera clara y transparente el pensamiento que se tiene respecto de los principales derechos civiles de la población. Por ello, no es casualidad que los tres primeros puntos de nuestro decálogo se encuentren centrados en definir posiciones claras respecto a la vida, la familia y la igualdad de todos los peruanos.

Tal como se estableciera en la Constitución Política de 1993, consideramos indispensable la protección del derecho a la vida desde su concepción. El concebido es un ser humano que requiere de la protección de la madre, padre y de toda la sociedad. Recordemos que él, al igual que los niños se encuentran alejados de poder hacer una defensa efectiva de sus propios derechos, por lo que sea cual fuere la situación, debe siempre privilegiarse el interés superior de ellos.

Somos conscientes que una posición como esta nos lleva a defender la vida desde toda perspectiva, es decir rechazar actos como el aborto hasta la eutanasia. Siendo ello así, comprendemos que en determinados supuestos, como lo constituye un embarazo como consecuencia de una violación, o una enfermedad terminal que infringe dolor a quien lo padece, podrían generar razonamientos que busquen excepciones a esta forma de pensar, sin embargo estamos convencidos que las personas no debemos creernos con el derecho de definir la vida o la muerte de una persona. El aborto terapéutico, el que protege la vida de la madre, es una excepción, con la que sí estoy de acuerdo. Sería inhumano dejar que un embarazo ponga a una mujer en peligro de muerte o de un mal grave y permanente.

El Estado, debe sí, preocuparse por el empoderamiento de la mujer, dotarle de toda la información y cuidados necesarios para un adecuado desarrollo de su vida, otorgar el apoyo económico y psicológico de la mujer vulnerada, así como hacer los mayores esfuerzos posibles por dar una vida digna a la persona hasta su muerte natural. El Estado debe pues luchar por una política de vida digna y no ser un administrador de la muerte.

Respecto a la familia. Estamos convencidos que ella es la célula fundamental en la sociedad. Nuestro ordenamiento no hace definición o distinción alguna respecto a lo que se debe entender como tal. En ese sentido estamos convencidos, que al igual que la concepción tradicional de ella (padre, madre e hijos) debe reconocerse la existencia de familias con una conformación diferente. Sea cual fuera su composición, debemos reconocer y proteger sus  derechos.

La defensa de las diferentes modalidades de familia, no sólo nos debe llevar a una fervorosa defensa de instituciones tradicionales como lo constituye el matrimonio o ancestrales como lo es la unión de hecho, sino de legislar la unión civil desde la perspectiva patrimonial, que permita salvaguardar los derechos de quienes sin calificar como un matrimonio o una unión de hecho, tienen todo el derecho a contar con las disposiciones normativas que les permitan la protección de un patrimonio conjunto, el acceso a una pensión, el derecho a heredar, entre otros; consideramos que esto constituye un paso sustancial que nuestra sociedad debe lograr.

Finalmente, no podríamos terminar esta reflexión sin reconocer la necesidad de luchar por una irrestricta defensa de la igualdad ante la Ley. Es por eso que desde Fuerza Popular condenamos todo acto de discriminación, incluyendo sus manifestaciones más lesivas como la de origen, religiosa, política, orientación sexual, discapacidad o contra cualquier minoría.