Por una vida digna. Hacia la plenitud de derechos civiles, por Marco Arana

En nuestra débil democracia, el reconocimiento de los derechos civiles es también débil. Incluso tiene muchos opositores. Existen diversas valoraciones éticas, religiosas o culturales. No podemos ignorar también que nuestro proceso histórico configuró la relación Iglesia-Estado, con un fuerte peso de la primera en la definición de las políticas públicas.

A todo ello se añade la existencia del poder de dominación patriarcal que desconoce la igualdad en derechos de los seres humanos y, particularmente, el derecho a decidir de las mujeres.
Desde el Frente Amplio “propugnamos un Estado laico con plena libertad e igualdad para el ejercicio de la libertad de creencias”.

Nuestro compromiso es “la construcción de un país libre de opresión y desigualdad de género que agravian a las mujeres e impiden el desarrollo de sus capacidades y su plena realización… reconociendo el derecho del hombre y de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo” (Ideario).

Asumimos la necesidad de despenalizar el aborto. En el Perú, son miles de mujeres las que, por una u otra razón, deciden o por diversas situaciones son empujadas a interrumpir un embarazo. Las condiciones en que ello ocurre, sobre todo para las mujeres pobres, son la soledad, con enorme presión psicológica y moral, con elevado riesgo para su salud y sus propias vidas, añadiéndose la censura social, la condena religiosa y la penalización.

Entre el 2015 y 2018, las fiscalías presentaron 961 denuncias por el delito de “autoaborto”, sobre las cuales la jueza Elvira Álvarez manifestó que “generan antecedentes y clasifica a la mujer adulta o adolescente como criminal”. Esta realidad se da en un país que no tiene políticas públicas adecuadas para la prevención del embarazo, el uso de métodos anticonceptivos y una educación para el ejercicio responsable y libre de su sexualidad. Despenalizar el aborto no es promoverlo, sino asegurar que las mujeres que toman la difícil decisión de abortar, tengan acceso al sistema de salud, puedan hacerlo en condiciones seguras y con consejería para recuperarse física y emocionalmente.

Por mis convicciones éticas y religiosas, considero que el aborto tensa todas nuestras valoraciones morales sobre el derecho a la vida y es algo que acontece, no podemos negarnos a esa dura realidad. En los casos que he conocido, el aborto causa sufrimiento, nunca es un hecho feliz o deseado. No lo es para la mujer que necesita condiciones seguras, bajo control médico y psicológico, o aún de un apoyo espiritual que no la condene, sino que la sane. En todos los casos quien debe decidir es la mujer. Recuerdo algún testimonio: “Yo no quería que me hicieran un aborto. El corazón de mi primer bebé ya no latía y me resistí a la indicación médica durante un día o dos. Pero tuve que decidir hacerlo para no infectarme, y si alguien me hubiera condenado por esa decisión, más aún si fuese un hombre que se arrogara el derecho de condenarme en nombre de Dios, me habría quitado las pocas fuerzas que me quedaban para vivir”.

Sobre el matrimonio igualitario, este debe ser garantizado por ley. Nuestro Ideario promueve “una democracia pluralista, basada en la equidad de género, el reconocimiento y respeto a la diversidad afectiva”.

En cuanto a la eutanasia, nuestro Ideario señala que “junto al derecho humano a la vida digna, reconocemos también el derecho humano a una muerte digna”. En lo personal, tengo razones para no admitir la eutanasia. Sin embargo, si las personas que lo solicitan, y en cada caso, la ley lo autoriza, debe respetarse la decisión de las personas que siguen su conciencia ante situaciones límite.