La informalidad es sinónimo de exclusión de derechos laborales, de acceso a servicios de salud y de ausencia de fondos para el retiro. Por eso vamos a trabajar para terminar con este aspecto del modelo económico que excluye de la formalidad a más del 70% de la población. Nosotros planteamos una reforma tributaria y laboral radical y nuestro objetivo es revertir esos porcentajes y lograr que al 2026 por lo menos el 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) sea formal.
Los emprendedores necesitan incentivos para formalizarse. Si desde el primer momento que se formalizan el Estado les va a cobrar impuestos e imponer multas, el proceso no es atractivo. Tenemos que establecer mecanismos de incentivos tributarios, flexibilización de procesos y acceso a microcrédito preferencial para que formalizarse sea visto como una inversión.
Nuestra formula consiste en adaptar nuestra estructura tributaria real. Desde que se creó la SUNAT la principal fuente de ingresos han sido los impuestos indirectos, principalmente el IGV. Las cotizaciones directas (Essalud, ONP o AFP, impuesto a la renta) se obtienen de un sector minoritario: Las empresas grandes y algunas que se dirigen al consumo de los sectores A, B y C+. Para la inmensa mayoría de emprendedores pagar dichas cotizaciones es demasiado costoso y eso ha incentivado la informalidad
La propuesta es que, del IGV que paga cada ciudadano, un porcentaje se destine para salud y pensiones (digamos un 3% para salud y un 3% a pensiones) y se deposite en una cuenta individual en el Banco de la Nación. El uso de las billeteras y boletas electrónicas hacen viable esta propuesta. De esta manera, además, los ciudadanos estarán motivados a pedir boleta cuando compran, incentivandose así la formalidad: saben que si registran la compra su cuenta individual en el Banco de la Nación se incrementará.
Los vendedores informales, obligados a vender con IGV, estarán igualmente motivados a solicitarles a sus proveedores que les emitan facturas y la informalidad empresarial se verá reducida, con las consecuencias tributarias positivas correspondientes. La presión tributaria podría así pasar del 15% al 25% o más en cinco años.
Con la fórmula propuesta, se reduciría progresivamente la diferencia entre el costo de ser formal o ser informal. Los trabajadores tendrían esos derechos asegurados, independientemente de las posibilidad o voluntad de su empleador de ponerlos en planilla.
Respecto al régimen laboral, se debe incentivar el modelo de negociación por empresa con objetivos de productividad debidamente remunerados. Sabemos que imponer la estabilidad laboral por Ley es irreal y termina perjudicando al trabajador al promover la informalidad ya que en la dinámica actual las empresas peruanas deben competir en el mercado nacional y con el mundo. Las actuales disposiciones respecto de horarios, pago de horas extras y vacaciones deben mantenerse. Pero hay que ir más allá: tenemos que generar incentivos para que sindicatos y empleadores negocien siempre con objetivos de productividad que beneficien a ambos. Como empresario sé que las empresas modernas basan su competitividad en el buen trato a sus trabajadores y al medio ambiente. Trabajadores y empleadores forman un equipo para lograr objetivos que beneficien a todos.
Hemos propuesto incrementar el sueldo mínimo en tres tramos hasta llegar a una meta de 1,380 soles al 2026. Además, se incrementará progresivamente la remuneración neta del trabajador, ya que se reducirá poco a poco la cotización directa a Essalud y al fondo de pensiones.
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