¿Renovación Popular, Podemos Perú y Fuerza Popular usaron irregularmente el dinero del financiamiento público? Esto dice la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra los partidos Podemos Perú, Renovación Popular y Fuerza Popular, tras detectar un presunto uso indebido de los recursos que reciben a través del Financiamiento Público Directo (FPD). Las observaciones corresponden a gastos realizados entre julio y diciembre de 2024. 

Estas tres organizaciones forman parte de los 10 partidos políticos que, a la fecha, reciben recursos del Estado tras haber logrado representación en el Congreso de la República en las elecciones generales 2021. En ese contexto, la ONPE cumple con fiscalizar el uso de dichos fondos, que pueden destinarse a actividades de formación, investigación y capacitación, así como a gastos de funcionamiento ordinario y adquisición de activos.

Las presuntas infracciones detectadas en Podemos Perú

En el caso del partido Político Podemos Perú, la ONPE observó que la organización política suscribió un contrato con Accionee SAC, proveedor con el cual desarrolló 11 actividades de capacitación por un monto total de S/ 650,399.99. Sin embargo, al contrastar la información proporcionada por el partido con registros de la SUNAT y la SUNARP, se detectaron inconsistencias respecto al requisito de contar con al menos un año de experiencia para su contratación. Según al Informe Técnico N° 00020-2024-GSFP/ONPE, "la empresa no se encontraba constituida formalmente para realizar actividades comerciales".

Para sustentar su experiencia, el proveedor señaló haber brindado servicios de capacitación en talleres de coaching, implementación de sistemas, seguridad y salud en el trabajo por el periodo comprendido entre agosto de 2022 a marzo de 2024. No obstante, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la empresa se constituyó el 29 de diciembre de 2022, y habría iniciado sus actividades recién el 1 de marzo de 2023, según la SUNAT. 

De acuerdo al informe de la ONPE, Podemos Perú no presentó información adicional que demuestre "la veracidad sobre experiencia del proveedor", por lo que exhortó al partido político a que "tome las acciones legales" pertinentes para solicitar la devolución del monto utilizado en dicho servicio.

Sin embargo, Podemos Perú también registra otras presuntas infracciones, entre ellas, haber realizado actos que no se ajustan a lo que establece la normativa respecto a actividades de capacitación, orientadas a fortalecer a los ciudadanos que puedan ocupar eventualmente cargos públicos. 

De acuerdo al informe técnico, el partido realizó pagos por servicios de actividad de capacitación como "La revolución del conocimiento, el marketing digital, su impacto en la economía y la nueva generación de emprendedores - en la provincia del Callao" (S/ 38 mil), "Marketing digital, su impacto en la política moderna y el uso del media training como acertivo de comunicación - en el distrito de Cercado de Lima" (S/ 33 mil), entre otros, que, de acuerdo a ONPE, están enfocados "en fortalecer y desarrollar un negocio privado" y no tienen incidencia directa en promover la participación política de la ciudadanía y el fortalecimiento de las organizaciones políticas.

"Adicionalmente a Accionee, el caso de Podemos Perú también tiene otras presuntas infracciones como haber hecho algunos tipos de actividades que no se ajustan a lo que establece la ley como actividades de capacitación, como capacitación técnica para fortalecer a a los ciudadanos que puedan ocupar en algún momento un cargo público como establece la norma. De la evaluación a la documentación presentada se ha determinado que efectivamente esto no se ajusta a lo establecido en la norma. Esto ya pasa a un procedimiento administrativo sancionador, por el cual el partido político puede presentar su descargo respectivo y esta información va a ser evaluada", indicó a RPP Luis Camino, subgerente de Verificación y Control de la ONPE.

Al respecto, José Luna Morales, vocero de Podemos Perú, señaló que buscarán subsanar las observaciones a la rendición de cuentas de gastos correspondientes al segundo semestre de 2024. Respecto a la empresa Accionee SAC, indicó que el partido ha revisado que la compañía emite boletas de venta, facturas y comprobantes de pago por servicios desde hace más de años.

"Lo que han observado ahí es que su facturación de servicio de cursos, en este caso de marketing digital, no tiene supuestamente facturación. Pero la empresa, como hemos verificado ya, tiene su balojate desde hace más de dos años. A nuestro entender, cumple los requisitos. Si es que llega un requerimiento de la ONPE, vamos a responder", indicó.

También descartó que la mencionada empresa tenga algún vínculo con la organización política.

¿Qué ocurrió en los casos de Renovación Popular y Fuerza Popular?

Respecto a la situación Renovación Popular, la ONPE indicó que la Subgerencia de Verificación y Control advirtió presuntas infracciones relacionadas con la contratación del proveedor Asociación cristiana de Asesores Políticos - ACAP, por un importe de S/ 82,320, correspondiente a servicios vinculados a conferencias de comunicación y estrategia política.

De dicho monto, S/70 mil corresponden a "actividades ejecutadas en un periodo en el cual el proveedor no se encuentra registrado ante la SUNAT ni contaba personería jurídica vigente"; mientras que el segundo pago de S/ 12,320 no cuenta con documentación sustentatoria "que acredita su efectiva ejecución y vinculación" con los fines contemplados sobre el uso de los recursos que recibe del Estado por financiamiento público, se lee en el Informe Técnico N° 000021-2025-GSFP/ONPE.

El documento también detalla que Renovación Popular adquirió mil bolsas notex (reutilizables)  por S/ 2,399.88, y mil gorros publicitarios y cien chalecos con el bordado de la palabra “Renovación” por S/ 10,950.00, utilizando recursos del financiamiento público directo, pese a que dichos gastos no están permitidos para ese fin.

"La adquisición de bolsas, gorros publicitarios o chalecos, casaqueros, así como cualquier tipo gasto para campaña electoral, no está permitido por financiamiento público directo. De estos gastos que ha adquirido la organización política, son gastos que no están permitidos. Nosotros le hemos comunicado a la organización política para que tenga conocimiento de estas observaciones y puedan presentar sus descargos. Estos informes técnicos, como ya han sido comunicados, la organización política puede presentar su respectivo descargo. Esto pasa ya a un proceso administrativo sancionador, que es otra etapa, a través de la Subgerencia Técnica Normativa de nuestra Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios", indicó en diálogo con El Poder en tus Manos.

RPP solicitó la versión oficial del Partido Renovación Popular, pero se negaron a declararnos. Se pudo conocer que la agrupación política iniciará un proceso de apelación en ambos casos. 

En tanto, el procedimiento administrativo sancionador abierto contra Fuerza Popular se basa en una observación relacionada con la contratación por S/ 100 mil de un programa de maestría en Gestión Pública en la Universidad Esan, cuyo periodo va del 11 de noviembre de 2024 al 20 de febrero de 2027. Según la ONPE, esto configuraría una presunta infracción, ya que el partido habría utilizado fondos públicos para financiar un servicio que excede el periodo para el cual fueron otorgados los recursos (julio de 2026).

El partido político justificó el desarrollo de esta maestría ante la ONPE sobre las fechas, la modalidad y el sílabo, además de señalar que la citada actividad "coincide con antecedentes de gestión del año 2020, cuando también se contrataron servicios de maestría con la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). En su informe, la entidad precisa que si bien Fuerza Popular proporcionó documentación complementaria, dicha información "resultó insuficiente para desvirtuar la observación formulada, toda vez que no se acreditó de manera clara y concluyente que la actividad financiada se enmarque dentro del quinquenio correspondiente".

"El quinquenio concluye el 26 de julio de 2026. Entonces, los partidos políticos solo tienen hasta esa fecha para poder ejecutar gastos. Los gastos que superen este periodo no son reconocidos. [...] Han hecho la contratación por un servicio de maestría por un periodo que está fuera del quinquenio, por eso, se le ha advertido a la organización política mediante el acto de visita de verificación, mediante el informe técnico, y, al no presentar a la fecha un descargo, igualmente se le está aperturando un procedimiento administrativo posterior", precisó el vocero de la ONPE a RPP.

Este medio solicitó la versión de la agrupación política, pero se abstuvieron de responder.

Es preciso señalar que un proceso administrativo sancionador, en su etapa final o resolutiva, puede contemplar multas que oscilan entre 31 UIT (S/165,850) y 100 UIT (S/ 535,000), así como la pérdida del financiamiento público directo por parte de la organización política involucrada.

Sobre el caso de Perú Libre

El partido político Perú Libre deberá devolver S/ 100 mil soles de dinero público a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por haber contratado de forma irregular el servicio de un diplomado universitario, así lo revela un informe de fiscalización de este organismo electoral.

Al respecto, el vocero de la ONPE, Luis Camino, explicó que en la rendición de cuentas de Perú Libre se observó la realización de un diplomado en Gestión Pública por un importe de S/ 100 mil. Para este servicio, el partido contrató a la empresa OVERALL HEALTH E.I.R.L., bajo el requisito de contar con un convenio con universidades. 

Sin embargo, tras un proceso de autoría se observó una inconsistencia en cuanto al convenio sostenido aparentemente con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

"Al advertir que efectivamente se había contratado una empresa que no reunía los requisitos para este tipo de contratación, es que se advierte esta observación y se le solicita a la organización política que inicie las acciones legales para la devolución de estos fondos", indicó.

De acuerdo con Luis Camino, Perú Libre tiene hasta julio de 2026 —cuando culmina el periodo de entrega de recursos por financiamiento público directo— para revertir dichos fondos a las cuentas de la organización. En caso exista un saldo al finalizar ese plazo, este deberá ser devuelto al Tesoro Público, precisó el funcionario.

"Al margen de ello, la ONPE también está tomando las acciones legales correspondientes en cuanto a la documentación sustentatoria que podría inclusive derivarse a través de Procuraduría Pública. Es un seguimiento que la ONPE hace con la finalidad de poder preservar eh los fondos públicos y que esto realmente se ejecuten para lo que establece la norma", precisó.

¿Se deben realizar modificaciones a la norma?

Para la abogada en derecho electoral Silvia Guevara es necesario modificar las sanciones a los partidos políticos que cometan irregularidades vinculadas al uso del financiamiento público, a fin de contar con medidas más efetivas.

"La Ley de Organizaciones Políticas, si bien es cierto, determina algunos esos puntos infractores, estos terminan siendo bastante generales para lo que quiere dar como desarrollo en el marco de lo que está observando y quiere sancionar en este caso la ONPE", señaló Guevara.

Las observaciones de la ONPE han sido remitidas a las agrupaciones políticas involucradas. Queda en evidencia que los fondos públicos, destinados a fortalecer a los partidos, siguen en el centro del debate por su uso y fiscalización.