A través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo resaltó que ambos poderes del Estado deben "colocar los intereses del país por encima de cualquier otra consideración" para solucionar la crisis política.
La Defensoría del Pueblo señaló este domingo que los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen la obligación de un diálogo sincero y la necesidad de ponerse de acuerdo para solucionar la crisis política que vive el país.
"El Ejecutivo y el Legislativo deben tener muy presente el principio de cooperación entre poderes consagrado expresamente por el Tribunal Constitucional, que impone, no solo la obligación de dialogar sincera y constructivamente, sino la necesidad de ponerse de acuerdo colocando los intereses del país por encima de cualquier otra consideración", señaló en un pronunciamiento.
La Defensoría indicó que la actual situación que lleva ya tres años ha conducido a un "conflicto político" que afecta la marcha de las instituciones del país pero, sobre todo, la vida de los peruanos "que parecen no tener voz y, menos aún, participación en él".
Ante esta situación, el organismo constitucional autónomo consideró de una "necesidad impostergable", resolver este conflicto entre ambos poderes, garantizando los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.
Proyecto de adelanto de elecciones
La Defensoría del Pueblo sostuvo que si bien el Poder Ejecutivo tiene la potestad de plantear una reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales para el 2020, el Poder Legislativo tiene, a su vez, la misma "facultad constitucional de discutirla y adoptar una posición frente a ella".
"Al hacerlo deberá respetar no solo el ordenamiento constitucional, sino comprender la gravedad de la situación y, por lo tanto, la diligencia que las circunstancias demandan", resaltó.
En el pronunciamiento, la Defensoría afirmó que en las próximas semanas, ambos poderes del Estado "transitarán un camino difícil" en el que será decisivo el respeto a la Constitución; la consagración del diálogo como paso que conduzca a un inevitable acuerdo; y la consideración de que los ciudadanos son el principio y fin de la actuación de los poderes públicos.
"Resolver esta crisis con serenidad deberá ser la antesala para encontrarnos con el momento histórico de nuestro bicentenario como República", finalizó el organismo constitucional autónomo en el documento.
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