El debate de la iniciativa legislativa impulsada por el Ejecutivo ha quedado aplazado en la Comisión de Educación. El proyecto de ley busca viabilizar las metas trazadas en la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productivo al 2030.
La Comisión de Educación del Congreso pospuso el debate del proyecto de Ley enviado por el Ministerio de Educación para modificar su estructura orgánica. Por muchos años, el Minedu ha tenido los viceministerios de Gestión Institucional y de Gestión Pedagógica. Sin embargo, frente a la reforma educativa en la educación básica y la implementación de la Ley Universitaria (2014) y la Ley de Institutos (2016), se decidió que era momento de hacer modificaciones en la institución y así se decidió plantear la creación de los viceministerios de Educación Básica y de Educación Superior para reemplazar a los actuales.
El proyecto de Ley N°7114/2020-PE fue enviado al Congreso el 11 de febrero. Este lunes cuando se disponía iniciar el debate, los congresistas aprobaron suspenderlo hasta recibir las opiniones de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).
¿Qué cambios busca esta modificación?
El Ministerio de Educación asumió la rectoría del sistema universitario con la aprobación de la Ley Universitaria en el 2014. Lo mismo ocurrió cuando se aprobó la Ley de Institutos en el 2016. En agosto del 2020, el Ministerio aprobó la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productivo al 2030. El documento plantea una serie de objetivos y metas que como país se debe alcanzar en el aspecto de la educación superior, tanto universitaria como técnica.
“Considerando que el Ministerio de Educación es el ente rector responsable del financiamiento de la calidad es que en realidad se hace urgente la necesidad de contar con un Viceministerio de Educación Superior por la dimensión que tiene frente a la reforma de la educación superior y técnico productivo. La estructura institucional respondía a una naturaleza diferente a las que ahora ha asumido el ministerio”, explica Jorge Mori, director de la Dirección General de la Educación Superior.
Metas para el 2030
La Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productivo al 2030 busca resolver un problema de la que pocas personas hablan: solo 3 de cada 10 estudiantes que egresan de la secundaria transita hacia una educación superior.
Entre las metas que se ha propuesta el Minedu figuran el incrementar la matricula en la educación superior pública, lograr que universidades públicas figuren en los rankings internacionales y aumentar el número de docentes investigadores en las universidades públicas.
“El Ministerio de Educación se ha puesto metas bien concretas y ambiciosas que tenemos que cumplir al 2030, por eso la creación de este nuevo viceministerio es un hito dentro del marco de implementación de la política, y justamente este ordenamiento interno permite que, con un viceministerio de Educación Superior, el Ministerio cuente con mayor capacidad institucional para llegar a estas metas”, manifestó Mori.
¿Cuál es la diferencia entre un viceministerio de Educación Superior y la Sunedu?
La Ley Universitaria creó la Superintendencia de Nacional de Educación Superior (Sunedu), que está encargada de verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Sin embargo, esta institución no financia a las universidades públicas.
“El Ministerio de Educación es el que tiene que conseguir el financiamiento para la universidad pública y apoyarla para que la universidad cumpla con las condiciones básicas de calidad y logre el licenciamiento en Sunedu”, indicó Mori.
Desde el 2023, las universidades van a pasar nuevamente por el proceso de licenciamiento en Sunedu. “El Ministerio es responsable de financiar todas las necesidades que van a tener las universidades públicas para volver a presentarse al proceso de licenciamiento. Entonces, el Minedu tiene que coordinar para ver sus proyectos de inversión, la mejora de su equipamiento, la contratación docente”, refirió Mori.
Buscando invertir la pirámide
El 65% de la matrícula de la educación superior se ha concentrado en las universidades, a pesar de que la demanda laboral busca más perfiles técnicos y tecnológicos. “Es lo que nosotros llamamos la pirámide invertida en la educación superior: tienes un 65% de la matricula en la universidad cuando el mercado laboral solamente el 20% demanda estudios universitarios y 80% te demanda estudios técnicos”, detalló Mori.
Asimismo, el funcionario indicó que contar con el viceministerio de Educación Superior permitirá dar un tratamiento integral a todas las alternativas de educación superior y a lo técnico-productivo. “Creemos que el problema se tiene que abordar de forma integral, queremos que la universidad sea un camino de desarrollo profesional y también los institutos, los centros de educación técnico-productiva (Cetpro), para que el joven pueda tener diversas alternativas y no vea solo lo universitario como la única alternativa y podamos superar esto que hemos llamado una pirámide inversa que genera mucho subempleo profesional de egresados de universidades”, manifestó.
¿Por qué se postergó el debate?
El último lunes, la iniciativa legislativa iba a ser debatida en la Comisión de Educación; sin embargo, se decidió posponer el debate. Durante las intervenciones, el congresista Walter Rivera de Acción Popular sostuvo que en un gobierno de transición no se deberían hacer modificaciones a la Ley de organización y función del Ministerio de Educación.
“Dentro de pocos días vamos a tener una respuesta popular en unas elecciones. Entonces, creo que estas modificaciones, que son muy interesantes, deberían ser evaluadas por el nuevo Gobierno y nuevo Congreso, de manera más concienzuda”, dijo durante la sesión de la comisión.
A diferencia de Rivera, el congresista Hans Troyes (AP), integrante de la comisión de Educación, sí considera que la iniciativa debe ser discutida en esta legislatura. “Todo lo que signifique una mejora de la calidad educativa, hay que apoyar”, declaró a este informe.
Por su parte, Gilbert Alonzo, de Fuerza Popular, pidió aplazar el debate de la norma hasta recibir las opiniones de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). “Ellos tiene que participar [en el debate]. Una ley no se puede imponer”, manifestó el legislador para esta nota.
Asimismo, se mostró, al igual que Rivera, a favor de que el tema no se discuta hasta el próximo Congreso. “Considero que estas restructuraciones y de cambios en el Ministerio de Educación debería hacerse con un nuevo régimen. ¿Para qué vamos a asumir una responsabilidad cuando estamos de salida? Creo que deberíamos abstenernos”, señaló.
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