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El asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad - IPYS, Roberto Pereira, pidió al Ministerio Público que rechace de plano la denuncia y cuestionó que se utilicen recursos del Estado para amedrentar a la prensa.
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"Cuando los funcionarios involucran a su familia en actos que vinculan su función pública, el umbral de protección de su privacidad decae", señaló.
Luego de que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, denunciara al periodista de Cuarto Poder, José Miguel Hidalgo, por el presunto delito de reglaje, el asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad - IPYS, Roberto Pereira, consideró que se trata de una situación "descabellada", pues la conducta no se condice con el tipo penal.
"En las páginas iniciales de esta denuncia se aprecia que la imputación es por el delito de reglaje, lo cual sin duda significa un amedrentamiento, un atentado, diría yo, contra la libertad de expresión, porque la finalidad de este tipo de imputaciones, manifiestamente descabelladas, no es otra que poner contra la pared a los periodistas, amedrentarlos", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.
"El delito de reglaje es un delito que sanciona conductas precursoras de la comisión de delitos comunes; es decir, el reglaje lo que hace es sancionar el acopio de información exclusivamente con fines delictivos, para cometer secuestro, para cometer homicidio, para cometer robos. En eso consiste el delito de reglaje, cosa que es absolutamente descabellada plantear en el caso de un reportaje periodístico", agregó.
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Piden al Ministerio Público rechazar de plano la denuncia
Más adelante, Pereira indicó que el Ministerio Público debería rechazar de plano la denuncia y cuestionó que se utilicen recursos del Estado para amedrentar a la prensa.
"Estos son actos claramente de amedrentamiento a la prensa, que pretenden instrumentalizar a la justicia penal. Por eso es que el IPYS, en su comunicado, hace un llamado al Ministerio Público a rechazar de plano este tipo de denuncia, porque es evidente la manifiesta impertinencia de imputar un tipo penal y tratar como delincuentes a los periodistas", aseveró.
"Cuando los propios funcionarios públicos involucran a su familia en decisiones o en actos que se vinculan con su función pública, el umbral de protección de su privacidad decae", añadió.
"Si se acredita que ha utilizado los recursos del Estado y su poder como congresista para favorecer a la hermana de su pareja o de la mamá de su hijo, esa conducta sí es la que desprestigia la institución del Congreso", finalizó.
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Jair Zevallos Morón Periodista
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