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por Redacción RPP
·El procurador general Daniel Soria solicitó a la Corte Suprema que se anule la compra-venta de un inmueble de Betssy Chávez ubicado en Tacna. La transacción se habría hecho casi un mes antes de que fuera detenida.
La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Poder Judicial que se declare la nulidad de la transferencia de un inmueble ubicado en Tacna de la expremier Betssy Chávez, quien cumple un mandato de 18 meses de prisión preventiva.
El pedido fue formulado por el procurador general del Estado, Daniel Soria, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. Esto luego de que la PGE se constituyera como "parte agraviada" en el proceso que se sigue a la expremier por el fallido golpe de Estado de diciembre del año pasado.
Documento de la PGE al Poder JudicialFuente: PGE
La referida solicitud señala que, el pasado 18 de mayo, ante una notaría, se concretó la transferencia (compra-venta) de un inmueble ubicado en Calana, provincia y departamento de Tacna, de Chavez Chino a favor de la ciudadana Celestina Mamani.
Cabe resaltar que, según indica la Procuraduría, la transacción se realizó poco más de un mes antes de la captura de Betssy Chávez, la cual tuvo lugar el pasado 20 de junio.
En ese sentido, la PGE pide que se declare la "nulidad" de dicha compra-venta con el objetivo de asegurar el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado por parte de la investigada.
Procuraduría pide embargo de bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres
El último martes, la PGE solicitó a la Corte Suprema de Justicia el embargo de bienes muebles e inmuebles contra el expresidente Pedro Castillo y quien fuera primer ministro de su Gabinete, Aníbal Torres.
El titular de dicha entidad, Daniel Soria, solicitó que "se dicte las medidas cautelares reales de embargo en forma de inscripción e inhibición" sobre los bienes muebles e inmuebles de los referidos exfuncionarios, por el proceso que se sigue por el fallido golpe de Estado del pasado diciembre.
El procurador general precisó que se hizo la consulta respectiva de los bienes muebles e inmuebles de ambos investigados en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y remitió dicho listado al Poder Judicial para que se declaren fundadas las medidas cautelares solicitadas.
"Ello en atención a que la pretensión civil resarcitoria inicialmente solicitada por nuestra parte asciende a S/67 711 048.33 millones, el cual fue solicitada en nuestra condición de actor civil, el mismo que fue declarada fundada por su despacho", refiere el documento.
La PGE solicitó la incautación de bienes inmuebles del exmandatario Castillo Terrones tales como tres predios rurales en Chota, Cajamarca y una casa en el distrito de Tacabamba en dicha región.
En lo que respecta a Aníbal Torres, se pide el embargo de ocho propiedades inmuebles como las ubicadas en un edificio de calle Los Eucaliptos en el distrito limeño de San Isidro y otras ubicadas en el jr. Pando en el Cercado de Lima. Además, un vehículo jeep color negro.
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