Así lo confirmó Alberto Otárola, abogado del expresidente, quien agregó que tanto Humala Tasso como Nadine Heredia son víctimas de un "linchamiento procesal". En esa línea pidió al Tribunal Constitucional un mayor control al Poder Judicial.
Alberto Otárola, abogado del expresidente Ollanta Humala, consideró este martes como “inconstitucional” la inclusión del Partido Nacionalista en la investigación por el caso Odebrecht y aseguró que interpondrán una acción de amparo para revertir esta decisión judicial.
En declaraciones a Última Central de RPP, Otárola aseguró que tanto Humala Tasso como Heredia Alarcón están “recibiendo un linchamiento procesal” del Poder Judicial. Consideró también que la sala que ve el caso del expresidente y su esposa está cometiendo actos irregulares, por lo que solicitó un mayor control al Tribunal Constitucional.
“Sin duda alguna vamos a acudir a un proceso de amparo para extraer este debate del ámbito penal, donde de manera sucesiva tanto el presidente Humala como la señora Heredia, están recibiendo un linchamiento procesal por parte del Poder Judicial (…) Pedimos que el Tribunal Constitucional continúe haciendo un control de estos actos que son irregulares”, comentó.
Regulación a partidos
El también exministro de Defensa explicó que la sala no puede incluir al partido liderado por Humala Tasso en esta investigación, debido a que los partidos políticos solo pueden ser regulados en el control de sus actividades por el Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo con la Constitución.
“Los partidos políticos son personas jurídicas reconocidas por la Constitución, pero no son personas jurídicas al igual que una empresa, sino tienen un tratamiento especial y la regulación en lo que respecta al control de sus actividades al uso de los recursos y a todo lo que signifique el funcionamiento de los partidos políticos, la Constitución establece que de manera exclusiva y excluyente al Jurado Nacional de Elecciones”, dijo.
Cuestionamiento a inclusión
El abogado consideró también que esta resolución podría afectar a todos los partidos involucrados en investigaciones similares y que va en contra del estado de derecho, por lo que tendría que ser “corregida” por el Tribunal Constitucional.
“Se trata de una resolución inconstitucional que afecta a este y a todos los partidos políticos que tengan esta calidad en estos procesos judiciales, pero sobre todo afecta al sistema de partidos en el Perú y a la democracia (…) Es una severa advertencia al sistema de partidos en el Perú, creo que es una contravención gravísima al estado de derecho que tiene que ser corregida oportunamente por los jueces constitucionales”.
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