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PJ confirmó incautación de vehículo de empresa cuya representante legal es la hermana del defensor del Pueblo

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó días atrás una demanda de inconstitucionalidad contra ley de extinción de dominio.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó días atrás una demanda de inconstitucionalidad contra ley de extinción de dominio. | Fuente: Andina

El Ministerio Público logró la admisión de la demanda de extinción de dominio y la confirmación de una medida cautelar de incautación de un vehículo mayor a la empresa que tiene como representante legal a Sara Gutiérrez Condor valorizado en más de 800 mil soles y que forma parte de una investigación por el presunto delito de contrabando.

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Confirman medida cautelar para incautación de vehículo de empresa cuya representante legal es la hermana del defensor del Pueblo | Fuente: RPP

El Poder Judicial declaró fundando el requerimiento de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Huánuco y ordenó la medida de incautación cautelar de una motoniveladora de la empresa Multiservicios y Constructora JJJ Cruz E.I.R.L, que tiene como representante legal a Sara Gutiérrez Condor, hermana del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

Según informó el Ministerio Público, esta investigación data del 18 de octubre del 2023 cuando personal de la División de Control Operativo – Grupo Operativo de la Intendencia de Aduanas Pucallpa (Sunat) intervino el vehículo mayor valorizado en 823 218 soles y que era conducido por Lenin León en las inmediaciones de la Carretera Central con dirección de Huánuco a Lima, en el distrito de San Rafael, en la provincia de Ambo.

El organismo constitucional autónomo precisó que dicha máquina “no contaba con la documentación necesaria de circulación en una zona de tributación común” por lo que concluyeron que “estaría vinculado a la actividad ilícita de contrabando”.

Asimismo, detalló que la obtención de la medida cautelar se dio “tras acreditar la existencia de los presupuestos de verosimilitud de los hechos, el peligro en la demora, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida” respecto del bien que habría sido utilizado en la comisión del mencionado delito.

Por último, el Ministerio Público señaló que luego de admitida la demanda, se prosiguió “con las audiencias de inicio y actuación probatoria, habiéndose culminado con los alegatos de clausura el 26 de junio de 2024”, a la espera que el juez de Extinción de Dominio de Huánuco, emita la sentencia correspondiente.


Defensor del Pueblo presentó demanda de inconstitucionalidad contra ley de extinción de dominio

Días atrás, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, admitió que no consultó a especialistas ajenos a la institución que lidera para desarrollar el informe y demanda de inconstitucionalidad que presentó contra la ley de extinción de dominio (decreto legislativo 1373).

“¿Consultó con alguien externo a Defensoría que no esté subordinado a usted?”, preguntó el conductor del Las cosas como son de RPP TV, Fernando Carvallo, a lo que el alto funcionario respondió: “No”.

El exparlamentario negó que el recurso que ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) vaya a beneficiar a la criminalidad, narcotráfico, minería ilegal, sicariato, extorsión, entre otros delitos, tal como lo ha advertido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

“Me hubiera gustado que el Ministerio de Justicia hubiera privilegiado lo jurídico, lo constitucional, por encima de un razonamiento estrictamente político”, señaló Gutiérrez Cóndor.

De acuerdo con el defensor del Pueblo, la ley de extinción de dominio afecta el derecho de propiedad, la presunción de inocencia y el principio de tipicidad y la no retroactividad de la ley.

“El Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse y establecerá un criterio y parámetro sobre los cuales la ley de extinción de dominio pueda desarrollarse sin perjudicar el derecho humano de la persona, privilegiando la seguridad jurídica y el principio de la buena fe pública registral”, indicó.

Además, aseguró que ha sido “sensato” y “prudente” a la hora de establecer por qué supuestamente ciertos artículos y numerales del decreto legislativo 1373 es “atentatorio” de derechos humanos.

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