Las embarcaciones de Óscar Peña Aparicio operaron sin permiso del Ministerio de la Producción gracias a medidas cautelares otorgados por jueces de la Corte del Callao. Debido a estos fallos a favor de la empresa LSA Enterprise, el Estado peruano perdió más de 66 millones de soles.
Durante los últimos siete años, jueces de la Corte Superior del Callao cercanos a César Hinostroza y Walter Ríos otorgaron medidas cautelares a las embarcaciones del empresario pesquero Óscar Peña Aparicio que le permitieron operar de forma ilegal, causando un perjuicio económico de 66 millones de soles al Estado.
De acuerdo con una investigación realizada por la plataforma Convoca, los magistrados Noemí Nieto Nacarino y Fernando Ulises Salinas Valverde beneficiaron a la empresa pesquera LSA Enterprise de luego de ser designados como jueces civiles provisionales en las gestiones de Hinostroza y Ríos. Gracias a estas medidas cautelares, el empresario pudo pescar más de 225 mil toneladas de anchoveta.
Ambos magistrados fueron denunciados por la Fiscalía de Control Interno del Callao por aprobar resoluciones contrarias a la ley que beneficiaron a Peña Aparicio. En el caso de Nieto Nacarino la denuncia también se hizo por los delitos de usurpación de funciones y cohecho pasivo (por recibir un presunto soborno).
Vínculos y fallos polémicos
En abril de 2015, cuando Hinostroza se desempeñaba como presidente de la Corte del Callao, Peña Aparicio presentó una acción de amparo para conseguir que su embarcación ‘Doña Licha II’ capture anchoveta sin permiso del Ministerio de la Producción (Produce).
Menos de una semana después, Hinostroza designó a la jueza Noemí Nieto Nacarino como magistrada provisional del Tercer Juzgado Civil del Callao, donde recayó la demanda de amparo de Peña.
En menos de una semana de su designación, la juez admitió el amparo presentado y, además, otorgó una medida cautelar que autorizó a ‘C&Z 4’, otra de las embarcaciones de la compañía, pescar sin permiso del Ministerio.
En 2011 y 2012, la jueza Nieto ya había emitido medidas cautelares a favor de ‘Doña Licha II’ gracias a la designación de otro juez cercano al destituido César Hinostroza: el magistrado Daniel Peirano, quien fue presidente de la Corte del Callao en esos años, y que apareció años después en audios con Walter Ríos.
En 2017, el juez Fernando Ulises Salinas Valverde, quien reemplazaba temporalmente a Walter Ríos que se encontraba de vacaciones, emitió una resolución que extendió la vigencia de la medida cautelar otorgada por la jueza Nieto para que la embarcación "Doña Licha II" siga pescando.
La versión de Peña
Según Convoca, actualmente las medidas cautelares a favor de Peña Aparicio están anuladas. Tras el escándalo de los audios, el Poder Judicial declaró fundada en primera instancia la demanda del Ministerio de la Producción contra LSA Enterprise por una indemnización de más de 66 millones de soles por daños y perjuicios contra el Estado.
En conversación con dicho medio, Óscar Peña señaló que apelará el fallo de la indemnización y que las “medidas cautelares son recursos legales” que sus abogados consideraron para resguardar los derechos de su empresa. Además, aceptó que tiene una “relación amical” con Walter Ríos pero negó que sus en encuentros haya buscado un beneficio en los juzgados del Callao.
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