Poder Judicial ordenó a las Fuerzas Armadas entregar información del plan operativo en Ayacucho ante protestas de diciembre

El Poder Judicial ordenó al Ejército del Perú que entregue al Ministerio Público la documentación vinculada al plan operativo para contener las protestas sociales registradas los días 15 y 16 de diciembre en el Aeropuerto de Ayacucho y en diversas avenidas de esta ciudad contra el gobierno de Dina Boluarte que dejó como saldo 10 muertos  y un gran número de heridos por proyectil de armas de fuego.

La jueza Margarita Salcedo declaró fundado el requerimiento que hizo la fiscal Mirela Coronel Molero para la entrega de esta información luego que la Segunda Brigada de Infantería Wari con sede en Ayacucho denegó este pedido por tratarse de “documentación reservada”.

La magistrada determinó que la información requerida es de  suma importancia para esclarecer los hechos materia de imputación, así como permitir identificar a los autores y partícipes de los delitos de homicidio calificado y lesiones en agravio de 65 ciudadanos ayacuchanos que ejercían su derecho de protesta.

Ante ello, la jueza Salcedo Guevara dispuso que dicha instancia militar entregue a la Fiscalía el informe sobre el uso de armas de fuego presentados al término de la ejecución de la “orden de acciones militares en otras situaciones de violencia en apoyo de la Policía Nacional, así como un informe detallado sobre la cantidad de municiones entregada a cada personal militar que participó en estas acciones militares ejecutadas los días 15 y 16 de diciembre de 2022.

Nombres de militares y de heridos

La magistrada también dispuso que se entregue los nombres y apellidos de los militares que se desempeñaron como miembros del Estado Mayor de la Segunda Brigada de Infantería Wari, en el mes de diciembre de 2022, así como también la relación de heridos atendidos en el Centro de Salud Militar de Huamanga, y se remita los nombres y apellidos del personal designado para la grabación de videos y audios durante  estas acciones militares, entre otra documentación.

La jueza Margarita Salcedo ordenó que la ejecución de la presente resolución judicial en todos sus extremos está a cargo Equipo de Fiscales para casos con Victimas Durante las Protestas Sociales, con el apoyo de la Policía Nacional.

La fiscal Mirela Coronel Molero inició una investigación preliminar contra Antero Mejía Escajadillo, jefe de la Región Macro Región Policial de Ayacucho; y Jesús Amarildo Vera Ipenza, comandante General de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho; y los que resulten responsables por delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado en agravio de Josué Sañudo Quispe y otros, en la que se dispuso practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

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