El procurador general del Estado señaló además que se ha solicitado a la Fiscalía estar atentos ante cualquier evento de apología al terrorismo tras la muerte del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
El procurador general del Estado, Daniel Soria, indicó que el pedido de cremar los restos del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, se hace a modo de respetar a las víctimas durante la época del terrorismo en el país.
En conversación con La Rotativa del Aire, este precisó que la demanda de amparo que presentaron es para que la Fiscalía "se abstenga" de entregar el cuerpo del terrorista y también para que este proceda a ser cremado de forma común.
"Así como existen las fosas comúnes, existen los incineratorios comunes, donde hay cenizas de personas no identificadas. Lo hacemos en defensa del derecho Constitucional de la paz y tranquilidad de la protección judicial a las víctimas de violencia a no ser revictimizadas", precisó.
"Lo hacemos además porque no hay una ley concreta que regule la materia de manera general y es el motivo por el cual hemos intervenido judicialmente", agregó.
Además, indicó que la Procuraduría de Terrorismo ha solicitado al Ministerio Público estar atentos a actos de apología de terrorismo. "El procurador de Terrorismo ha pedido a la Fiscalía de prevención del delito que estén atentos a manifestaciones de apología de terrorismo en el entierro", sostuvo.
Medidas concretas
El Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó este miércoles demanda de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima para que se ordene a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao que se abstenga de entregar los restos del fallecido cabecilla terrorista Abimael Guzmán a sus familiares y, a la vez, se disponga su cremación y su ulterior traslado de forma reservada a un cinerario público común, en resguardo del orden constitucional.
Según señala el documento presentado ante el juez de turno especializada en lo constitucional, hay una amenaza de violación de los derechos colectivos y tranquilidad y el derecho a la protección judicial de las víctimas del terrorismo (1980-2000). Según el procurador, el objetivo de la demanda de amparo es salvaguardar el derecho a la paz de todos los peruanos y evitar que las víctimas del terrorismo sean revictimizadas.
El procurador General del Estado argumenta que la función de protección de todos los derechos fundamentales constituye una obligación de todo el aparato estatal "quienes tenemos un rol de velar por estos intereses, en atención a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales".
"No debemos olvidar el rol que cumplen los Procuradores públicos dentro del Estado Constitucional, pues, al contrario a lo que muchos puedan sostener, su función se encuentra orientadas no solo a defender los intereses institucionales, sino también a coadyuvar en el rol que tiene el Estado en la tutela y protección de los derechos fundamentales", mencionó.
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