Cabe señalar que el Fiscal de la Nación interino archivó dicha investigación contra el exmandatario, Martín Vizcarra. Asimismo, adoptó similar medida con la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y los exministros de Salud, María Hinostroza y Víctor Zamora, involucrados también en dicho caso.
Judiciales
Procuraduría solicitó reabrir investigación contra Martín Vizcarra por caso de pruebas rápidas para la COVID-19.
La Procuraduría General del Estado solicitó a la Fiscalía de la Nación la reapertura de la investigación preliminar seguida al expresidente Martín Vizcarra y otros por una supuesta concertación con empresas particulares para la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico de la COVID-19 y la emisión de normas para poder incluirlas dentro de la política de salud del Estado.
Mediante sus redes sociales, la defensa legal del Estado informó que el último 14 de junio pidió a la Fiscalía de la Nación que realice un reexamen del caso en atención a nueve elementos de convicción relacionados a la adquisición de pruebas rápidas para la COVID-19.
La solicitud de la Procuraduría deberá ser evaluada por la Fiscalía a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.
Investigación fue archivada
Cabe señalar que el ultimo 31 de mayo, el Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, archivo dicha investigación contra el exmandatario.
El magistrado también adoptó similar medida en el caso de la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, y los exministros de Salud, María Hinostroza Pereyra y Víctor Zamora Mesia, quienes se encontraban comprendidos dentro de esta investigación preliminar.
El magistrado determinó "no haber merito" para formular una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el exmandatario y sus exministros de Estado por el presunto delito de colusión simple y alternativamente por el cargo de negociación incompatible en agravio del Estado
Villena Campana precisó que al no haberse verificado la concurrencia de elementos constitutivos de los tipos penales invocados, corresponde al Ministerio Público señalar que no hay mérito para formular denuncia constitucional contra estos altos funcionarios investigados y por ende disponer el archivo definitivo de este caso.
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