Santiváñez habría ejercido influencia ilícita ante el TC, el Inpe y el ministro de Justicia a favor de sentenciado, según la Fiscalía

Este viernes, continuó la audiencia donde se evaluó el pedido de impedimento de salida del país presentado por el Ministerio Público contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de las diligencias que se le siguen por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado. 

En esta jornada, Juan Carlos Checkley, juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, escuchó la presentación de parte de los nuevos elementos de convicción presentados por la Fiscalía para sustentar la referida solicitud coactiva, por un plazo de 18 meses. 

En esa línea, el fiscal adjunto supremo Luis Ballón dio cuenta de una serie de archivos de audio, WhatsApp y testimonios de testigos protegidos que revelarían la presunta influencia ilícita que Santiváñez Antúnez habría ejercido ante el Tribunal Constitucional (TC), como abogado de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, alias ‘Tío Jhony’, un expolicía sentenciado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación, tras ser acusado de ser parte de la organización criminal “Los K y K”, que operaba en región de La Libertad. 

Además, siempre según el Ministerio Público, Juan José Santiváñez, ya como ministro de Interior, habría influenciado a favor de Marcelo Salirrosas ante el Inpe y el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

"El Ministerio Público ha podido obtener más de mil mensajes de WhatsApp, 77 archivos de audio, 34 imágenes y archivos de PDF, que intercambió el investigado desde su celular […] con una tercera persona vinculada al interno Marcelo Salirrosas, lo que, de modo evidente, palmario y claro revela las reiteradas invocaciones de influencia que realizó el investigado con la finalidad, en un primer momento, de que se le entregue la suma de 20 000 dólares; luego, en un segundo momento, con la finalidad de evitar la devolución de dicho dinero, manteniendo esperanzas en su interlocutor respecto a la efectividad de sus influencias, beneficiándose económicamente durante todo ese tiempo”, sostuvo Ballón.

"Nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Según lo manifestado por el representante del Ministerio Público, Marcelo Salirrosas -tras haber sido sentenciado en 2020 a más de 27 años de cárcel y luego de confirmarse dicho fallo en instancias superiores- buscó el patrocinio del entonces abogado Juan José Santiváñez, "a quien le habían recomendado por tener casos exitosos de policías sentenciados”.

Ya como su defensa legal, Santiváñez presentó, en mayo de 2022, "una demanda de habeas corpus, la cual fue rechazada en primera y segunda instancia en el Poder Judicial, por lo que recurrió al TC mediante un recurso de agravio constitucional, presentado el 22 de agosto de 2022”.

El fiscal indicó que, a la par, Juan José Santiváñez asumió la defensa de Éber Juárez Moya, otro efectivo policial sentenciado por el mismo caso. Al igual que con Marcelo Salirrosas, "acudió a la vía constitucional mediante un proceso de habeas corpus, la misma que fue declarada infundada en primera y segunda instancia en el Poder Judicial".

No obstante, según el fiscal, "el recurso de agravio constitucional interpuesto ante el TC, en ese caso, sí tuvo éxito, pues fue declarado fundado el 16 de noviembre de 2023, por lo que se declaró nula la sentencia en su contra". Un hecho que destacó Ballón fue que la resolución del caso de Juárez Moya, en el que fue ponente el tribuno Gutiérrez Ticse, se publicó en la página web del TC el 7 de mayo de 2024.  

Casi 4 meses antes, el 5 de enero, Santiváñez habría tenido una conversación con una persona cercana a Marcelo Salirrosas en la que le dijo que "no querían soltar" el fallo a favor de Juárez, "porque quieren definir esto". ¿A qué se refería? Según el fiscal, el ahora ministro del Interior habría pedido a su interlocutor 20 000 soles y 20 000 dólares a cambio de una resolución favorable en el TC para Miguel Marcelo Salirrosas. 

"El 8 de enero de 2024, Santiváñez le escribió un mensaje de WhatsApp a la señora indicándole que el monto de sus honorarios era de 20 000 soles, pero además le pidió 20 000 dólares por concepto de asesores internos", señaló Ballón, citando al testigo protegido 02-2025. 

"El testigo ha referido que Santiváñez menciona que es para honorarios de asesores externos, pero en realidad era para que declaren fundado el recurso de Marcelo Salirrosas en el TC. Sin embargo, el monto de 20 000 dólares no tiene nada que ver con sus honorarios, sino que era lo que él pidió para asegurar el caso ante el TC, para que se pueda contactar con los magistrados que iban a resolver su caso", agregó el fiscal.

Los días siguientes, Santiváñez habría insistido con el depósito de los 20 000 dólares, indicándole a su interlocutor que "ya se están trabajando los documentos" y que tenía "esperando a los amigos" para fijar la fecha de la audiencia donde se vería el caso. 

"Finalmente, entre el 18 y 19 de enero del año pasado, se realizan los depósitos por el monto de 20 000 dólares. Un primer depósito de 10 000 dólares, un segundo depósito de 9 700 dólares y un saldo restando de 300 dólares", indicó el fiscal.

Tras recibir el segundo pago, el ahora ministro del Interior habría enviado un mensaje señalando: "Perfecto, entonces voy a informar para avanzar de una vez". Horas después, en otro mensaje, habría dicho: "Ya lo pusieron en la lista para que le den fecha la próxima semana, no se preocupe, me acaban de confirmar".

El 25 de enero, Santiváñez habría confirmado a su interlocutor que "las audiencias están programadas para el 7, 14 y 21 de febrero", y que "igual va para la audiencia con el mg. GGT".

“Nótese, señor juez, que el 25 de enero, Santiváñez señala 3 fechas probables de la audiencia, 7, 14 y 21 de febrero. En esas fechas, todavía no había nada formalmente, nada publicado de cuándo deberían realizarse esas audiencias”, sostuvo el fiscal. 

Para mayor seguridad, al día siguiente, Santiváñez habría recibido en su oficina de Lima a su interlocutor. En la reunión "les dijo que no se preocuparan porque todo ya estaba hablado para que se adelante la audiencia y que los resultados iban a salir favorables y que confiaran en él. Incluso les manifestó que para marzo Marcelo Salirrosas ya iba a estar afuera".

El 31 de enero, "antes de su publicación oficial" de la audiencia, Santiváñez habría informado a su interlocutor que esta se programó para el 7 de febrero de 2024 y le avisó que él no estaría presente como abogado defensor, sino Ronny Santillán "que trabaja conmigo". "La dará él, porque es amigo del juez constitucional que nos ha tocado”. El ponente era el magistrado Helder Domínguez Haro. 

No obstante, según el fiscal Ballón, las cosas en la audiencia no resultaron favorables al presunto interés de Santiváñez Antúnez.

"La resolución se publicó recién el 7 de marzo de 2024 […], sin embargo, días antes, el 26 de febrero de 2024, Santiváñez informa a su interlocutor: ‘Buenos días, le comento señora que el ponente de nuestra causa no quiere cambiar su voto y está votando en contra nuestra, a pesar de la fundamentación del caso. Nos acaban de pasar la voz, así que vamos a tener que presentar un recurso de aclaración apenas publiquen la sentencia, porque, a pesar de todo, el ponente no quiere. En este pedido de aclaración de sentencia, van a moverse para cambiar el sentido de la resolución a nuestro favor, pero el primer documento que va a salir no nos va a dar la razón. Me lo acaban de comunicar, aún no sale nada, pero ya me están avisando porque yo tengo todo mapeado", indicó el fiscal. 

“Yo he conversado al respecto del tema, pero es el ponente quien no quiere porque dice que él tiene responsabilidad. Aún no han firmado nada, por eso es que no hay nada en la web, pero ya nos han dicho que no quiere. A nosotros nos están informando y ayudando profesionalmente, pero finalmente no quiere el ponente […]. Por eso, me están pidiendo que prepare el pedido de aclaración para que entre otra vez a sala y sea reevaluado. Esa es la salida que me están dando ahorita”, habría señalado Santiváñez.

Según el fiscal, cuando el interlocutor le pregunta si el "acuerdo" sigue en pie, el ahora titular del Mininter habría respondido: "El acuerdo sigue en pie, por eso es que me están informado y haciendo todo esto para ganar […]. Ahorita es el ponente quien no ha querido darnos la razón, a pesar de que le han consultado. Por eso, nos están dando esta salida para voltear el resultado de la resolución y vuelva a entrar en agenda para que pueda ser votado nuevamente […]. Aún no sale nada en el sistema, pero ya nos avisaron cómo va a salir […]. Aquí lo que importa es el resultado final".

Ballón señaló también que en un audio en poder de la Fiscalía se escucharía a Santiváñez decir: “Señito, nosotros estamos trabajando para que esto no sea así […]. El ponente lamentablemente se cerró y es un antipolicía […]. Nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando. Sobre todo, por ejemplo, el doctor Ticse que dice que no pueden ser tantos años. En todo caso, debería reevaluarse el tema de la sentencia”.

Unos días después, el 5 de marzo, el interlocutor le habría preguntado a Santiváñez cuándo se iba a publicar la resolución del TC que resultó desfavorable para Marcelo Salirrosas, a lo que este habría respondido: “Me dijeron que el viernes, pero yo ya lo tengo. Por eso es que estoy trabajando el documento”.

El fiscal Ballón indicó que 13 días después Santiváñez habría señalado que le estaban dando "una alternativa", que era sumarse al fallo favorable de Éber Juárez, el cual no se publicó en la web del TC hasta mayo de ese año, "es decir, no se tenía conocimiento de que iba a ser una decisión favorable a los intereses de este abogado”.

Pese a que Santiváñez, según el Ministerio Público, presentó el escrito solicitando aclaración de sentencia, este fue declarado infundado, lo cual motivó los reclamos de su interlocutor. 

El 9 de septiembre de 2024, Juan José Santiváñez, ya como ministro del Interior, habría recibido en su despacho ministerial a su interlocutor, quien, según el testigo protegido 02-2025, logró ingresar con un celular con el que grabó la conversación. En ella, el titular del Mininter le habría dicho que "estaba viendo presentar un tema de incongruencia de sentencia y que se iban a acoger a la sentencia de Juárez".

Además, el ministro habría asegurado que "ahora había más posibilidades de que se pueda resolver más rápido", porque, "aprovechando el cargo", ya tenía "más allegados en el TC", y que "no debía preocuparse, pues favor con favor se paga”.

Pese a ello, siempre según el fiscal, el 13 de octubre de ese año, el interlocutor pidió la devolución del dinero, pues no se había presentado el nuevo recurso ante el TC, a lo que Santiváñez habría respondido:

"Yo sé que puedo hacerlo, porque, como le dije a usted, contamos con la cercanía, ahora más que nunca, pero entiendo y respeto la decisión de Marcelo si quiere proceder de esa manera [...]. Yo lo entiendo y no crea que no lo siento. Es más, yo sé que puedo ayudarlo […]. Si me diera esta semana, yo se lo demostraría porque, con las relaciones que hemos construido, podemos lograr muchas cosas, pero entiendo si no lo desea”.

La Fiscalía señaló que tenía registro de los vouchers que dan cuenta de la devolución que habría hecho Santiváñez "por 78 400 soles".

Supuestas influencias con el ministro de Justicia y el Inpe

El fiscal Luis Ballón indicó que Marcelo Salirrosas fue internado el 29 de diciembre de 2023 en el penal El Milagro de Trujillo, con un régimen penitenciario "cerrado especial". No obstante, este habría indicado que su vida corría peligro en esas condiciones, por lo que "solicitó que se le ubique en un pabellón de régimen abierto y que no se le traslade a otro penal".

Al respecto, según el testigo protegido 02-2025 citado por el fiscal, Santiváñez le habría dicho a su interlocutor que “podía hablar con el presidente del Inpe, de apellido Llaque, incluso le mandó una captura de pantalla con la opción 'ver solo una vez' donde había una conversación supuestamente con esa persona donde le informaba que lo de Marcelo ya estaba coordinado”.

Incluso, según el representante del Ministerio Público, cuando el interlocutor se reunió con Santiváñez en su despacho ministerial, el 9 de septiembre pasado, este habría llamado al ministro de Justicia y le manifestó: “hermano, escúchame nomás, no quiero molestarte […]. Lo que pasa es que han venido al ministerio de la familia de los policías, ¿y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas que está en Trujillo, no? Todavía no lo cambian, hermano, por favor, ya, te mando su nombre completo”.

Asimismo, en diálogos de WhatsApp referidos por el fiscal Ballón, Santivañez habría indicado que "ya ha conversado con el ministro de Justicia para que no lo cambien de penal y le cambien de régimen a un pabellón de régimen abierto. Incluso le propone que lo cambien a un nuevo penal que están construyendo exclusivamente para policías, lo cual es rechazado por su interlocutor”.

Finalmente, el representante del Ministerio Público indicó que, con la presentación de estos elementos de convicción, se configura el presunto "delito de tráfico de influencias agravado, bajo la modalidad de delito continuado y además concurso real, en tanto se ha invocado influencias ante el TC, el presidente del Inpe y el ministro de Justicia".

"Además, en estos diálogos, se mencionan hechos que han sido corroborados como el depósito de los 20 000 dólares, los vouchers de devolución por 78 400 soles, archivos de PDF de los actuados del proceso constitucional, visitas al Mininter, la participación del Dr. Santillán en la audiencia del TC, fotografías, etc.”, acotó.

Por estos hechos, según Ballón, Santiváñez podría recibir una condena de entre 4 a 8 años de pena privativa de la libertad.

Por su parte, Virginia Naval Linares, abogada del ministro del Interior, alegó que los testigos protegidos no serían tales, "porque habrían participado del acto criminal de tráfico de influencias", y criticó que el Ministerio Público no los estuviera investigando.

Además, indicó que la prueba presentada sería "irregular por vulneración del procedimiento", ya que "se está incorporando no testigos protegidos, sino colaboradores eficaces".

En esa línea, la letrada pidió al juez Checkley Soria la "exclusión de todo el material probatorio de los testigos protegidos", porque "se ha superado, en exceso, el plazo máximo para investigar de manera secreta". Además, señaló que no se configuraban los supuestos de la Fiscalía para solicitar impedimento de salida del país contra su patrocinado.

Finalmente, el juez de la audiencia indicó que, habiendo recibido los alegatos de ambas partes, les notificaría su fallo oportunamente.