Las prioridades en la reforma política

En medio de la justa atención que merecen los episodios propios de los procesos penales, en el marco del caso Lava Jato, no puede perderse de vista la urgencia de afrontar la cuestión de la reforma política en el Perú. No es un tema menor. Está en la base de buena parte de los males que hoy afectan a la república.

La ausencia de credibilidad en las instituciones, la instrumentalización de los partidos, la falta de idoneidad de la representación parlamentaria, la ineficiencia en la gestión pública, la inestabilidad política y la corrupción endémica en el estado, impactan gravemente en la calidad de nuestra convivencia social y, en definitiva, en las condiciones de vida de los peruanos. Todos esos factores, además, guardan relación directa con un diseño constitucional con fisuras, que justifica ampliamente la reforma política demandada desde la sociedad civil e impulsada por el gobierno.

El Poder Ejecutivo, como es sabido, envió hace algunas semanas al Congreso un paquete de reformas elaboradas por una comisión Ad hoc liderada por Fernando Tuesta. Se trató de un conjunto integral de propuestas en torno de los sistemas de gobierno, electoral y de partidos políticos, que comprenden una serie ambiciosa de doce iniciativas legislativas, cuatro de ellas de reforma constitucional. Estas son difíciles de procesar en el breve lapso que corre hasta abril del año próximo. De no culminarse la tarea hasta entonces no tendría aplicación con miras a los comicios generales del 2021. El apremio se justifica dado que las reformas constitucionales requieren de su aprobación en dos legislaturas ordinarias sucesivas.

Es necesario por ello establecer prioridades, sin renuncia al debate del paquete completo de propuestas. El Congreso debe centrarse ahora en los proyectos de reforma constitucional, aplazando entre estos los aspectos relativos a la bicameralidad. Siendo partidario de ella, entiendo que no es pertinente abordarla a pocos meses de haber sido ampliamente rechazada por el pueblo en el referéndum del 9 de diciembre pasado.

Deben, sin embargo, priorizarse las modificaciones constitucionales orientadas a: establecer la existencia de partidos políticos sobre la base de militantes y no de meros firmantes para su inscripción; regular el financiamiento de esos partidos; garantizar la democracia interna en estas organizaciones, particularmente en lo que se refiere a la selección de candidatos; precisar impedimentos para cargos de elección popular; establecer segunda vuelta en elecciones parlamentarias, a la par que en las elecciones presidenciales; replantear el número de escaños en el Congreso, para garantizar la representación de todos los sectores del país; la creación de circunscripciones electorales de menor tamaño, de modo de crear un vínculo cierto entre representantes y representados; eliminar el voto preferencial, tan pernicioso en nuestro sistema electoral; y limitar la inmunidad parlamentaria.

Sin estas necesarias reformas, solo podemos esperar para el próximo quinquenio la reiteración de los mismos vicios que sufre la política peruana desde hace varios lustros. La calidad de nuestra democracia, la gobernabilidad del país y la eficiencia en la gestión de los poderes públicos están en juego.