La crisis cuasi terminal del sistema político peruano

Los audios difundidos sobre el affaire Richard Swing son un clavo más en el ataúd del sistema político peruano. La crisis de legitimidad y descrédito es de tal magnitud que ya parece irreversible. Luego de casi tres décadas de vigencia, la Constitución de 1993 no ha venido acompañada por resultados que hayan significado una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente de la más vulnerable. La pandemia de la COVID-19 ha desnudado sin anestesia una realidad sumamente precaria que algunos querían mantener bajo la alfombra.

A nivel político, la encuesta del Barómetro de las Américas del 2019 muestra datos que cobran crítica relevancia en la actual coyuntura; en el Perú un 57.2% justifica un golpe de estado “cuando hay mucha corrupción”, esto es el segundo porcentaje más alto de la región, solamente después de Jamaica. De igual forma, un 52.6% justifica un golpe de estado “cuando hay mucha delincuencia”, nuevamente el segundo porcentaje más alto después del citado país caribeño.

A su vez, el Perú es el país con “mayor tolerancia al cierre del Congreso” en América Latina, con un altísimo 58.9%, muy lejos de otros países como Uruguay (9.2%), Chile (21.3%), Ecuador (24%). México ocupa el segundo lugar con apenas 28.1%.

En relación con “la percepción del involucramiento de los políticos en la corrupción”, nuevamente el Perú exhibe el porcentaje más alto de América Latina y el Caribe, con un contundente 95%, seguido de Brasil con 93.8%, Panamá con 93.7% y Colombia con 92.1%.

De igual forma, la satisfacción con la democracia en nuestro país se ubica en un magro 28%, el segundo país peor evaluado de América Latina. Asimismo, el porcentaje de ciudadanos que apoyan al sistema democrático también ha tenido una caída sostenida, pasando de 62.5% el 2008 a 49.5% en 2019. En consecuencia, el Perú es el país con el menor porcentaje de “apoyo al sistema” de todos los países latinoamericanos encuestados, con un endeble 41.7%.

Este colapso de la satisfacción con la democracia también se ha visto reflejado en otras esferas de la res pública, nuevamente el Perú ocupa el primer lugar en la región en “victimización por delincuencia”, con 35.8%, le siguen México con 32.9% y Argentina con 31.1%.

Probablemente la manifestación más dramática del profundo descrédito del sistema político tenga que ver con “el porcentaje que reporta que la gente de su comunidad es algo o muy confiable”, en este punto el Perú es el segundo país peor evaluado, luego de Brasil, con un ínfimo 42.2%. Otros países nos llevan una ventaja abismal. Canadá tiene 85.4%, Uruguay 73.3%, México 54%. Es decir, el tejido social no ha podido escapar del desdoro de la clase gobernante.

A manera de conclusión, va quedando claro que el actual modelo político-institucional, responsable de esta situación, no está en la capacidad de brindar mejores servicios públicos de salud, empleo, vivienda, educación, transporte, acceso a la justicia, entre otros.  El país está llegando niveles de deterioro muy peligrosos. La pandemia de la COVID-19 nos ha ubicado en una inédita realidad que requiere un nuevo contrato social.