Tolerancia mutua y contención institucional

Levitsky y Ziblatt (2018) han identificado que las democracias se sostienen tanto por reglas escritas como por reglas no escritas. En relación con las primeras podemos identificar por ejemplo a la Constitución y a todo el aparato jurídico-legal que rige a un país. Sin embargo, para los citados politólogos las reglas no escritas son igual o más importantes para la viabilidad democrática. Destacan dos por su relevancia, la tolerancia mutua y la contención institucional.

La tolerancia mutua alude a que los adversarios políticos tienen el mismo derecho a existir, a competir y gobernar, vale decir, los diferentes jugadores en la arena política se aceptan como contrincantes legítimos. Esto implica que los adversarios no son etiquetados como traidores, subversivos o marginales de la sociedad. Tampoco que su programa de gobierno o ideario político sea per se un acontecimiento apocalíptico para el país.

Por otra parte, la contención institucional hace referencia a evitar llevar a cabo acciones, que, si bien respetan la ley escrita, vulneran a todas luces el espíritu de la misma. En otras palabras, significa que los políticos no usan toda la artillería legal hasta la saciedad, a pesar de que jurídicamente tienen esa potestad, pues hacerlo pondría en peligro la democracia misma.

El desmoronamiento político-institucional en el que nos encontramos se explica en parte por el derrumbe de las reglas no escritas de tolerancia mutua y contención institucional. Recordemos la censura del ministro Jaime Saavedra en diciembre del 2016, “los Mamani audios”, la caída del gobierno de PPK, el cierre del Congreso por parte de Vizcarra, la llegada y posterior implosión de Merino, la polarización de las recientes elecciones hasta llegar a extremos no vistos como el “fraude en mesa”, y las cientos de actas que se buscaron anular ante el JNE.

De igual forma, la tolerancia mutua y la contención institucional nos ayudan a entender las razones por las cuales Perú Libre ha designado al Gabinete Bellido. Recordemos que, si bien Keiko Fujimori reconoció los resultados ante los tribunales electorales, considera que el gobierno de Castillo es “ilegítimo”. Esa situación denota claramente la defenestración total de tolerancia mutua, por lo que no existe ya un adversario político, sino un usurpador al que hay que derrocar. Paralelamente, el partido del lápiz interpretó la experiencia de PPK, entendiendo que no hay contención posible, y que el único camino es la confrontación.

Por otra parte, la contención institucional también se encuentra a la deriva. Los botones nucleares de la vacancia presidencial o el cierre del congreso han dejado de fungir como factor de distensión, utilizando el término de la Guerra Fría, y ahora se mencionan con la mayor naturalidad o ligereza, sin medir las secuelas para el país que una decisión de este tipo conlleva.

¿Qué viene ahora? Existen diversas variables a considerar. Perú Libre apuesta por tomar la iniciativa política, para creo yo, estar mejor posicionado para una negociación que parece indefectible. Sin embargo, su estrategia muestra serias cuarteaduras que vale señalar. La más resaltante tiene que ver con la idoneidad técnica y ética de varios de sus nombramientos. Diferentes designaciones carecen de experiencia y formación. Por otra parte, también se ha denunciado que existen personas con graves denuncias vinculadas con la corrupción. Esto denota un problema de fondo en el partido de gobierno, la ausencia de cuadros profesionales. Es importante señalar que, en todo el mundo, los partidos que han ganado las elecciones ubican a sus equipos en el gobierno, sin embargo en el Perú, al ser los partidos políticos tan endebles, suceden este tipo de cosas. Asimismo, los cuestionados nombramientos han traído como consecuencia el alejamiento y rechazo de varios aliados, que en contextos de alta polarización resultan clave.

A manera de conclusión, va quedando claro que nos encontramos atrapados en un círculo vicioso que deviene en una situación límite a nivel democrático-institucional. El diseño actual del sistema político de representación se encuentra totalmente rebasado por las demandas de un país con enormes carencias y necesidades. Es necesario entender que se requiere refundar al sistema, bajo nuevas normas y parámetros.