Memoria de un golpe fallido

Escrito por Santiago Bedoya

Muchas veces, en política, la interpretación de los hechos resulta tan o más importante que los hechos mismos. Esto puede aplicarse a los hechos que actualmente están ocurriendo en el país, pues tanto su alcance inmediato como sus consecuencias electorales dependen de las narrativas que vayan predominando.

Desde el fracasado golpe de estado del expresidente Pedro Castillo, han surgido una serie de narrativas en torno a cuáles fueron los eventos de dicha semana. Esta lucha de narrativas probará ser vital a futuro, puesto que definirá la construcción de la memoria histórica del golpe fallido, y facilitará una mejor comprensión de la respuesta de ciertos segmentos de la sociedad de los últimos días.

La lucha interpretativa se ha desencadenado desde la descripción de los aspectos “fundamentales” (los hechos mismos del día 7 de diciembre) como de la reacción del Congreso, votando la vacancia de Castillo. En un primer momento, las acciones fueron caracterizadas en forma clara como una ruptura explícita de la legalidad y del orden constitucional, por la subsecuente negativa de las Fuerzas Armadas en involucrarse en la aventura autoritaria, por los 101 votos del Congreso por la vacancia del golpista(que incluía varios congresistas de su coalición de gobierno) y apenas 6 en contra, por la prisión inmediata de Castillo y finalmente por el reconocimiento de Dina Boluarte como la nueva presidente de Perú. Sin embargo, con el pasar de los días, la imagen de los hechos se ha ido desvaneciendo y la legitimidad de la destitución de Castillo pasó a ser relativizada por muchos voceros. En algunas investigaciones realizadas, hemos encontrado consistentemente cerca de un tercio de la población que no se encontraba muy informada o conectada con el acontecer político. La rapidez con la que se dieron los hechos, podrían haber dejado a estas personas sólo con las interpretaciones posteriores, inclusive podrían no haberse enterado del golpe de estado fallido.

La izquierda limeña ha buscado apelar a interpretaciones variopintas de la constitución política y de la misma legalidad para valorar lo ocurrido, realizando un esfuerzo que más refleja sus intereses, emociones y concepciones que los hechos ocurridos aquel día. Sin embargo, en la llamada prensa alternativa que alimenta a los diferentes colectivos sociales la interpretación es mucho más homogénea y hostil a la democracia. Las denuncias de entrega de dinero a Castillo hechas por Marrufo el día anterior al intento de autogolpe, y la misma acción abiertamente antidemocrática de Castillo son invisibilizadas (“no hubo golpe fallido, sino un decir”) y sustituida por sus supuestas buenas intenciones. La vacancia es mostrada no como una reacción a un golpe de estado, sino como desconocimiento a los resultados electorales del 2021. Los emisores de la prensa alternativa fueron aliados (y fortalecidos) al gobierno de Castillo. Esta prensa tiene una presencia importante en Facebook (la red social más usada en el Perú para informarse de política), a través de varias decenas de emisores.

Dicha narrativa busca legitimar una acción antidemocrática sosteniendo una versión segmentada de los hechos que busca reivindicar y legitimar las justificaciones de Castillo. A su entender, el golpe fallido fue una respuesta legítima a una demanda popular genuina - la disolución del congreso. Esta visión es particularmente peligrosa, pues busca explotar de forma activa el descontento de miles de peruanos con el congreso, para justificar una acción de agresión al orden constitucional y al modelo democrático. La idea del mandato imperativo de sus bases populares se presenta como más relevante que el respeto a la legalidad y al marco constitucional. Varios representantes de la izquierda habrían olvidado las convicciones democráticas que decían defender, de manera explícita o por omisión.

Adicionalmente, esa narrativa busca la rehabilitación del expresidente como la mejor ruta para la ejecución de su mensaje del miércoles pasado, buscando dar legitimidad a una disolución golpista de las instituciones democráticas del país y declarando como meta clave el regreso del ahora detenido Castillo al palacio de gobierno. La implicancia no expresada de ese objetivo es la consumación del golpe de estado, la intervención de la Fiscalía de la Nación, la paralización de la investigación de los actos de corrupción del expresidente, el cierre del Congreso, y la suspensión de los derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución, entre otros hechos negativos.

La narrativa castillista se apoya en la afinidad identitaria en algunos sectores rurales, que mantuvieron una aprobación presidencial que fluctuó entre 19% y 31% a lo largo de su mandato y mostraba una tendencia ligeramente creciente en los momentos de su salida. No se debería desconocer o minimizar el rol jugado por la “prensa alternativa”, especialmente en Facebook y las radios locales, que se expandió en la arena nacional a lo largo de la breve presidencia de Castillo. Este aparato mediático ha servido de forma clave al desarrollo de narrativas tajantemente antidemocráticas e inconstitucionales, las cuales han buscado de forma regular ofrecer legitimidad al accionar golpista de Castillo.

El impacto inmediato de estas narrativas se refleja en el soporte social a las acciones de los castillistas y en su potencial de crecimiento. Hasta el momento, las movilizaciones han llamado la atención por sus efectos destructivos, pero no han logrado incorporar masivamente a la población y ni siquiera a los simpatizantes de Castillo. Sin embargo, las marchas de los partidarios de Castillo se hacen notables por su nivel de violencia, pero no por su convocatoria. Esta violencia ha llegado a producir lamentablemente 8 fatalidades, y algunas decenas de heridos. Aunque sí existe un crecimiento en la cantidad de manifestantes que participan, al 15 de diciembre, la magnitud estaría sólo en los pocos miles de personas. El número típico de las marchas, hasta el momento, es de sólo unos pocos cientos de participantes.

Desde el punto de vista político, lo más importante de las movilizaciones actuales es su impacto en el proceso electoral que se avecina. Dicho proceso será la disputa política en donde se definirán las condiciones institucionales del Perú por un largo tiempo. El respeto a la libertad de los ciudadanos, la realización de las aspiraciones de progreso de la mayoría de la población, las posibilidades de éxito de los emprendedores, etc. van a depender de qué actores políticos y qué ideas están ganando espacio de legitimidad en esa disputa interpretativa. La lucha de narrativas es pues una de las facetas más importantes de los sucesos de los últimos días.