Mostrar el proceso: por una política pública mejor informada

Elijan cualquier ley en el Congreso, al azar. Busquen la evidencia que informa las propuestas. No la encontrarán. En las raras ocasiones en las que sí se hace referencia a evidencia, de cualquier tipo, lo más probable es que se cite un artículo periodístico o un reporte oficial, sin ninguna discusión sobre su veracidad o relevancia. En la sección que debiera ser dedicada a desarrollar el problema que se busca resolver – la motivación de la ley- se citan otras leyes. Si hubiese una ley que dice que hay que saltar de un edificio sin paracaídas, seguro seria citada para regular el uso de cascos en tales saltos.

Este no es un problema que se limite al Congreso. El Ejecutivo también es culpable. En la última década, además, se ha confundido el uso de consultorías, que rara vez ven la luz del día, como sustituto a una política bien informada y asesorada. Ahora, durante la pandemia, hemos sido testigos de un sinfín de políticas (medidas, acciones, programas o proyectos) sin la más mínima referencia a evidencia. Ni siquiera el intento.

El mensaje ha sido, sin embargo, que sí están usando evidencia, que sí están consultando con expertos, que no se están inventando cosas de un momento a otro. Pero, si no vemos la evidencia, ¿cómo sabemos que eso es verdad?

No soy ingenuo. Las decisiones políticas son políticas. La evidencia puede ser considerada y rechazada. Esta es la prerrogativa del político.

Pero no presentar la evidencia que se usa (o se rechaza) es una muy mala forma de hacer política pública. En la universidad, en algunos exámenes, nos daban notas aún si no habíamos llegado a la respuesta final; siempre y cuando mostrásemos cómo habíamos intentado calcularla. Estaban premiando la capacidad de pensar críticamente, de trazar una forma de encontrar la solución.

Igualmente, en política pública, mostrar el cálculo cumple varias funciones de buen gobierno.

Primero, es una forma de forzar que las políticas estén bien, o mejor, informadas. Y esto permite maximizar, aunque no garantizar, la calidad y los resultados de las políticas

Segundo, es una forma de fomentar mayor participación en el diseño de las políticas. Siempre habrá distintas corrientes de pensamiento, métodos de investigación y de análisis, etc.: la evidencia puede debatirse. Al mostrar la evidencia que usamos para tomar una decisión, en efecto, invitamos a participar a quienes tienen data, análisis y conclusiones alternativas.

Tercero, es una forma de incorporar flexibilidad en el diseño y la implementación de la política pública. A veces la evidencia disponible cambia con el tiempo; y con este cambio debe cambiar la política. Si no mostramos la evidencia que usamos para diseñar un proyecto, ¿cómo sabrán los que les toca implementarlos si los supuestos eran correctos?

Cuarto, es una forma de fiscalizar – más allá de la eterna búsqueda de indicios de corrupción. Un mal resultado puede deberse a un sin fin de razones. Una de ellas puede ser que se usó evidencia equivocada al momento del diseño o en las etapas siguientes del ciclo de políticas. Esto mismo puede deberse a que la evidencia disponible era incompleta (esto pasa a menudo), o a que se eligió evidencia de fuentes que no siguieron procesos rigurosos de investigación o que no se compararon resultados diversos, etc. No todo es culpa de los decisores.

El Presupuesto por Resultados es una herramienta de diseño y gestión de políticas adoptada por el Perú que ofrece la oportunidad de mostrar los cálculos. No es perfecta, pero fue un avance. El problema es que no todas las políticas pasan por el proceso, relativamente lento, que esta herramienta demanda – y no siempre son los procesos ni los programas presupuestales resultantes suficientemente públicos como para invitar, o permitir, un escrutinio de la evidencia y su uso.

Y tampoco puede ser usado siempre. A veces, la urgencia demanda acción. A veces, la decisión política viene antes que la evidencia. Pero siempre podemos mostrar los cálculos; y hacerlo puede ayudarnos a todos.

Ofrezco tres recomendaciones que, yo creo, tenemos la capacidad de adoptar:

- Transparencia de la evidencia: Sense About Science y el Institute for Government desarrollaron una herramienta para medir la transparencia de la evidencia en las políticas públicas. La he traducido al castellano. La herramienta pregunta no solo si se ha usado evidencia, sino que tan bien se ha usado: 0 si el documento de política no menciona ninguna fuente de información y 3 si no solamente menciona múltiples fuentes sino que además reflexiona sobre la evidencia utilizada y claramente entiende las limitaciones de la misma. Estaría bueno si todas las políticas (leyes, decretos, programas, etc.) fuesen acompañadas por una nota. Esto lo puede hacer la contraloría o cualquier universidad con la mínima capacidad de investigación.

- Todo debe publicarse: Adjunto o anexo a la ley, el decreto ejecutivo, el programa, etc. puede incluirse una simple sección de referencias, idealmente usando hipervínculos a los documentos y las personas citadas o consultadas. No estamos hablando de preparar White Papers o documentos de trabajo o revisiones de la literatura que acompañen la ley (que, yo creo, no sería mucho pedir), sino de una lista simple.

- Hagan la pregunta: Los medios de prensa cumplen un rol fundamental en este esfuerzo. Los políticos quieren salir en los programas políticos; usemos eso a nuestro favor. La primera pregunta (y la única, si no responden) que tendrían que hacer los entrevistadores debiera ser: ¿Cuál es la evidencia que han usado para diseñar este programa? Por ejemplo: ¿Cuál es la evidencia que usaron para decidir que la cuarentena de los domingos es la política indicada? – y, de paso, ¿indicada para qué? porque en el Perú tenemos la costumbre de obviar la evidencia para proponer soluciones, pero también para establecer objetivos.

No sé qué es peor. No saber a dónde vamos o cómo elegimos el camino.