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Ecología, minería ilegal y candidez política

En el ecosistema del Estado es cándido asociar méritos personales con éxito político. Así, el factor crucial para prevalecer contra la minería ilegal, ahora que el Gobierno decidió enfrentarla, será la lealtad del Presidente con sus ministras de Agricultura y Ambiente, cuando las papas verdaderamente quemen.

La intervención contra la minería ilegal en Madre de Dios y la renovación ministerial confluyeron en esta reflexión, digamos ecológica, sobre el Estado. Muchas personas de buena voluntad han celebrado las virtudes personales y profesionales de las nuevas ministras, y les han deseado “éxito”. ¿Cómo y quién mide el éxito? Gente de excelentes cualidades ingresa al Estado, solo para ver sucumbir hasta sus más humildes intenciones o para meter la pata como nunca soñaron hacerlo. Gente desagradable obtiene logros históricos. (¿Quién estableció el Ministerio del Ambiente? ¿Quién obtuvo la paz con Ecuador?) Un ministro chicheñó que termina su turno sin pena ni gloria, tuvo éxito. Un ministro que rompe lanzas contra algún poder corrupto, lo dejan solo y pierde, ¿ha fracasado? En el ecosistema del Estado (cualquier Estado) es cándido asociar méritos personales con éxito político. Cualquier celebración ciudadana no cabe al ingreso, sino a la salida.

Minería ilegal en Madre de Dios.
Minería ilegal en Madre de Dios. | Fuente: Andina

Aquí otro aspecto: Se ha criticado que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), que estaba adscrito a la PCM, haya pasado al MINAM, porque, según los críticos, pierde autonomía; condición contenida en el Tratado de Libre Comercio con los EE. UU., para evitar conflictos de intereses entre la promoción y la vigilancia del sector maderero, tan delictivo. Hugo Che Piu, abogado enterado, explica que, buscando ese grial, “es una práctica la adscripción a un (m)inisterio neutro como podría ser la Presidencia del Consejo de Ministros”. Cándida práctica, pues cualquiera que haya pasado cinco minutos en el ala izquierda de Palacio de Gobierno, donde funciona la PCM, sabe que ahí confluyen, para torcer decisiones, todos los intereses creados y poderes oscuros del país, todos los días. La PCM no es un árbitro imparcial de los asuntos de Estado, sino el lugar desde donde se orquestan la ideología y las inclinaciones de un gobierno. En sus vetustas salas y corredores, a pasos del Presidente, se negocia lo que callan los ministros. No es el ojo del huracán del poder: es el huracán mismo. Un organismo adscrito a la PCM no tiene autonomía.

Los caudillos y emisarios de los mineros informales e ilegales (ambientalmente es lo mismo) son caseritos de la PCM. Saben que desde ahí pueden llegar al Presidente, al Primer Ministro, al –hasta hoy insobornable– Ministerio del Ambiente. Los ejes de la actual intervención son los mismos de antes: persecución policial y financiera, remediación social y ambiental, formalización ilusa. Ahora, sin embargo, las voluntades y los presupuestos están mejor alineados. El Ministerio de Agricultura lideraría la reforestación y el “desarrollo alternativo”. Fabiola Muñoz, que desde el MINAM ofreció el rostro amistoso de la intervención en Madre de Dios, ha pasado al MINAGRI; mientras que su viceministra más cercana asume Ambiente. No será su carisma combinado, sino su astucia para sobrevivir al ajedrez con trampa; y la lealtad y el respaldo que reciban del Presidente y del Premier, cuando las papas ardan, lo que definirá su éxito o nuestro fracaso.

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.

Docente de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Graduado en la Universidad Nacional Agraria, con maestría en Estudios Latinoamericanos - Conservación Tropical y Desarrollo, de la Universidad de Florida. Premio Whitley a la Conservación de la Naturaleza. Trabaja en áreas protegidas, agroecología, ecosalud, política climática, derechos indígenas y justicia ambiental.

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