La promulgación del Decreto Supremo que modifica el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) tiene por objeto paliar las externalidades negativas que generan algunas industrias cuyas actividades perjudican a los consumidores en general. De esta manera, las modificaciones se han centrado en: (i) otros productos del tabaco, (ii) autos nuevos y usados, (iii) bebidas gaseosas y jugos y (iv) bebidas alcohólicas.
Con respecto a la primera, se busca llenar el vacío que existía relacionado con productos de tabaco calentado o sin combustión (conocido bajo la marca comercial Heets) y de cualquier innovación relacionada con este rubro. En ambos casos, no existía ningún impuesto que los gravara. El objetivo es que se reduzca el consumo de este tipo de bienes que, aparte de dañar a la población, provoca un desembolso importante de dinero por parte del estado para mitigar sus efectos nocivos.
Con relación a la importación de vehículos usados, absolutamente todos, desde motos hasta buses y camiones, pasan a pagar un ISC del 40%. La señal es clara: no se quieren más medios de transporte que generen una contaminación elevada. Para reforzar la idea anterior, los vehículos nuevos a gas no pagan impuestos y se discrimina el porcentaje del ISC para los livianos que utilicen otro tipo de combustible según su cilindrada.
El caso de las bebidas no alcohólicas sigue la misma lógica. El impuesto a pagar es diferenciado de acuerdo al nivel de azúcar que contengan. A menos azúcar, menos ISC. Una vez más, se le indica a la industria que el gobierno no quiere que su población se vea afectada por la obesidad infantil o por enfermedades como la diabetes.
Finalmente, se fija un monto fijo por litro para la cerveza y se ajusta a la baja el impuesto para bebidas diferentes a la cerveza hasta 6°.
Es importante mencionar que, si analizamos todas estas medidas desde el punto de vista del ISC, no implica una mayor recaudación para el Estado sino un costo fiscal anual de 80 millones de soles, según información del Ministerio de Economía.
La idea es regular las actividades que generan externalidades negativas con la finalidad de preservar la salud de los ciudadanos y reducir el gasto sanitario que generan.
Las externalidades negativas en la producción llevan a los mercados privados a ofertar una cantidad mayor que la socialmente deseable, es por ello que la intervención del estado, en este caso, está justificada.
Empecé este artículo hablando de uno de los diez Principios de la Economía (el gobierno puede mejorar los resultados del mercado) y quiero cerrarlo con otro: los individuos responden a los incentivos. En nuestro caso, dado que el nuevo precio de mercado incluirá el impuesto a los ofertantes, los consumidores tendrán un incentivo negativo para la adquisición de estos bienes.
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