La luz del sol es el mejor desinfectante

Transparencia es una palabra que se está usando en el Perú con cada vez mayor frecuencia en los ámbitos políticos, periodísticos, institucionales y empresariales.

Esto es bueno, puesto que denota que existe un creciente interés por marginar la mentira y evitar el secretismo, por generar confianza y brindar seguridad, así como por ser honesto y tener un comportamiento ético. Del mismo modo y desde una perspectiva económica, por brindar más información para que los agentes económicos puedan tomar mejores decisiones.

La transparencia apunta a evitar que existan quienes tengan mejores posibilidades de acceder a los círculos de decisión gubernamental para favorecer sus intereses, por más válidos que sean, sin que el resto de la sociedad civil tenga la opción de hacer lo mismo. En suma, se trata de generar confianza en cualquier tipo de gestión y, finalmente, nivelar el piso de juego de la competencia, puesto que se va a conocer sobre los contactos, negociaciones y reuniones que se gestaron con el propósito de que una norma, contrato, licitación, entre otros, vaya en un sentido u otro.

La transparencia, finalmente, posee un gran contenido ético, puesto que en la medida que se conozca quién llevo a cabo una gestión de intereses o lobbying y qué se dijo en el marco de la misma, evitará los actos de corrupción que tanto dañan a las instituciones privadas o públicas, así como a los individuos.

Es por ello que las leyes de lobbying o de gestión de intereses constituyen uno de los más formidables mecanismos para marginar la corrupción. En este sentido, resulta más que apropiado recordar la famosa frase del Juez Supremo de Estados Unidos, Louis Brandeis, “la luz del sol es el mejor desinfectante”.

La luz del sol, es el espíritu que generó la normativa norteamericana a través de la Lobbying Disclosure Act de 1995, modificada en 2007 por la Ley de Liderazgo Honesto y Gobierno Transparente. Estas constituyen parte de lo que se denominan las Leyes de la Luz Solar o Sunshine Laws, las mismas que establecen las reglas de juego cuando se hace gestión de interés y que se resumen en la obligación de revelar qué se dijo y ante quién. Se trata, por la tanto, de alumbrar las actividades del gobierno, puesto que la transparencia brinda al público información sobre la manera cómo éste funciona.

En efecto, en la medida que se sepa cómo se toman las decisiones, se obliga a que estas sean lo más próximas a los intereses de la mayoría y, contrariamente, no reflejen intereses subalternos. El acceso a la información también permite el escrutinio público y promueve que la ciudadanía monitoree permanentemente el comportamiento de los funcionarios públicos, así como evitar los abusos y favoritismos.

Ello, como es obvio, generará calidad, honestidad y respeto hacia el sistema jurídico, además de credibilidad en el sistema democrático. En definitiva, el acceso a la información coadyuva en la lucha contra la corrupción y, tal como indicó hace casi dos siglos el presidente de los Estados Unidos de América, James Madison, en una de sus afamadas cartas: “un gobierno sin acceso a la información o sin los medios para acceder a ella no es más que el prólogo de una farsa, de una tragedia o a ambas. El conocimiento siempre reinará sobre la ignorancia, y las personas que pretenden gobernarse a sí mismas, deben de armarse del poder que les confiere la información”

El acceso a la información resulta el punto medular de la transparencia y debemos entenderla como la posibilidad que tiene la ciudadanía de conocer cómo se plasmó una decisión gubernamental. Así, de la misma manera que la transparencia del mercado genera credibilidad y fidelidad hacia la empresa por parte de los consumidores, puede afirmarse que cuanta más información fluya hacia la ciudadanía, en cuanto la a manera como surge la normativa, mejores y más justas serán las normas. Ello, como es obvio, generará mayor credibilidad en el sistema democrático y promoverá estabilidad jurídica.

Por estas razones resulta gravitante una reforma en nuestra normativa sobre gestión de intereses, además de que los gremios empresariales y las empresas en el marco de sus programas de compliance potencien reglas claras sobre el particular.