El debilitado presupuesto público

Nos encontramos en la denominada Fase de Aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto Público para el año fiscal 2020. Es probablemente el momento más crucial de todo año pues se determinan tanto las prioridades que se tienen en materia de cierre de brechas como también quiénes financiarán dichos gastos. El lado de los ingresos está implícito en la proyección que realiza el MEF y no es solo una cifra cualquiera, sino que refleja una carga tributaria y supone, por tanto, agentes que la soportarán. Todo tiene sentido y legitimidad cuando el uso de los recursos justifica ampliamente el costo de su captación.

Aquí quiero comentar una perspectiva adicional del Presupuesto Público que va más allá de solo una identidad que es balanceada todos los años (proyección de ingresos, meta de déficit fiscal, tope de endeudamiento y gasto potencial). El presupuesto público es el último eslabón en la cadena de resultados del Planeamiento Estratégico de un país para el desarrollo. Lo que ahí se define gastar es para contribuir a alcanzar los Objetivos Nacionales identificados en un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). Por lo tanto, cuanto mejor el presupuesto sea gastado más cerca estaremos de cerrar las brechas que mantienen a nuestra población sin acceso a mejoras de bienestar tangibles y sostenibles. Es decir, la no ejecución del presupuesto o incluso que los ingresos fiscales sean menores que la proyectados nos aleja de dicho mayor bienestar.

Sobre el PEDN debemos saber que el vigente está desactualizado y que se encuentra en pleno proceso de actualización a cargo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Sin embargo, dicho plan es el inicio de una articulación jerarquizada de planes sectoriales, multisectoriales, regionales, locales e institucionales que luego son expresados en dinero en un presupuesto. A pesar de estar desactualizado, los sectores cuentan con planes estratégicos (PESEM) alineados a dicho PEDN y los niveles territoriales se alinean a los PESEM y se les ha pedido que traten de adecuarlos a la Política General de Gobierno y a las Políticas Nacionales.

Pero lamentablemente aún no se cuenta con una ruta estratégica que nos conduzca hacia la Visión de Futuro al 2050 (aprobada en el Acuerdo Nacional); un nuevo PEDN que marque la forma de llegar a la visión. Por lo tanto, tenemos una planificación que no asegura que estemos más cerca de llegar a alguna parte con relativa certidumbre. Estas debilidades institucionales son las que aún nos mantienen dentro de la “Trampa del Ingreso Medio” y lejos de ser un país OCDE. Pero más allá de eso, lejos de estar en capacidad de tener un Estado eficaz, suficiente y equitativo.

A pesar de lo anterior, recordemos que el presupuesto público se ha casi duplicado en el lapso de 8 años, pero la inflación durante ese tiempo no ha superado el 40% y aunque venimos creciendo, han sido tasas tan insuficientes que ya tenemos claro que requerimos urgente un mejor combustible para ir al desarrollo; mejoras de competitividad y productividad. Con las debilidades de “gestión pública”, ¿qué nos asegura que el reciente Plan Nacional de Competitividad y Productividad arribe a buen puerto?

El Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva,  ha señalado que el presupuesto está pasando por un problema de gestión pública que se viene dando a nivel subnacional en donde hay debilidades en capacidades de recursos humanos y que también se requieren mayores avances en un nuevo y meritocrático servicio civil. En otras palabras, no es un problema del MEF sino de quienes reciben el dinero para ejecutarlo. Lo dramático del argumento es que es verdad, pero a los ciudadanos no nos importa saber lo que cada sector es responsable de hacer separadamente, sino más bien cómo todo el Estado funciona para brindarnos mejoras tangibles y sostenidas de bienestar.

Esto significa que el Ejecutivo necesita urgente una visión integral del proceso que propicia la generación del valor público. En otras palabras, si hay un problema de gestión pública, el responsable de asignar el recurso público no debería permitir que se asigne sin asegurar que esas débiles capacidades o problemas de procedimientos no tengan un compromiso de mejora. Nuestro Ejecutivo parece solo estar “involucrado” pero no realmente “comprometido”.

Aunque el MEF delimite su competencia con claridad, a nosotros como ciudadanos nos resulta incomprensible que nadie en la PCM informe el avance concreto de la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Parece que a nadie le importara que el dinero se siga mal utilizando y solo se diga “estamos trabajando para impulsar un nuevo servicio civil”, “estamos acompañando a los niveles subnacionales”, “el problema es la descentralización que tiene casi 20 años”, etc. No será que parte de las causas tiene que ver con procedimientos, exigencias que demoran las gestiones internas en adquisiciones, ejecución de inversión, etc. ¿Se cuenta con una evaluación de los procesos administrativos de nuestro Sector Público?

Tal vez es pedir demasiado al Congreso, pero la pelota está ahora en su cancha. La Comisión de Presupuesto debería no solo hacer desfilar a los pliegos presupuestarios con un PPT y pliego interrogatorio durante los próximos 3 meses, sino que debería exigir al Ejecutivo a fijar metas concretas de mejora de la gestión pública a cambio que los recursos públicos se sigan asignando a mejorar el bienestar colectivo. Soñar no cuesta nada.

Sea que este contrapeso realmente se dé o no, los ciudadanos tenemos que asumir más responsablemente nuestro compromiso con el buen uso del recurso público. Algo que no nos han enseñado en el colegio es que Ejecutivo y Legislativo trabajan para nosotros y por tanto, deben “rendir cuentas” de su accionar y debemos exigirles un mejor trabajo permanentemente. Necesitamos nuevas reformas en la institucionalidad que permitan que la exigencia ciudadana se convierta en presión real sobre las autoridades. Hasta ahora parece que hubiéramos comprado un producto sin garantía. El sistema político nos ha hecho elegir con ojos cerrados y luego al abrirlos darnos cuenta que ya no podemos hacer nada.

En este momento se están jugando no los destinos de quienes estamos aquí viviendo, sino de los peruanos que aún no han nacido. ¿Quién representa la voz y preferencias de dichos peruanos? ¿Quién rendirá cuentas y asumirá el costo por el retroceso en oportunidades de bienestar por todo este tiempo perdido en discusiones y análisis inútiles?

No permitamos que este sea un año más en que la aprobación del Presupuesto sea una mera formalidad y donde Ejecutivo y Legislativo nos digan que cumplieron con su responsabilidad, pero luego no se concreten las mejoras y solo se “responsabilicen” mutuamente. No somos figuras en un tablero, somos ciudadanos con aspiraciones y con quiénes los gobiernos tienen una deuda enorme que todos los días sigue creciendo; la débil institucionalidad propiciada por los gobiernos ha hecho desvanecer al Estado.