Una justicia secuestrada

Parece claro que nuestro país atraviesa por una crisis que podemos considerar desde diversas perspectivas. En esta columna abordaremos la perspectiva de la justicia. Esta palabra abarca grandes temas sobre cómo vivimos y qué cosas consideramos adecuadas en los horizontes del buen vivir. Idealmente, la justicia debería ser la plena realización de leyes coherentes, bien delimitadas y en servicio de un bien común absoluto y claro. Debería ser imparcial e igualitaria sin reparar en el género, raza o posición económica.

Al observar nuestra realidad no identificamos tales elementos, sino que, todo lo contrario: Las leyes, en algunos casos notables, parecen haberse acomodado para beneficiar intereses muy particulares, como por ejemplo licitaciones privadas arregladas turbiamente debajo de la mesa, lo que no solo nos deja con obras con sobrecostos, mal hechas y que defraudan al Estado, es decir a todos nosotros, sino que, por encima de todo, el daño moral que se inflige es irreversible y pareciera haberse normalizado. Cuando las leyes tienen nombre propio, la función pública de servicio comunitario se ve corrompida.

La implicancia de una justicia secuestrada abarca ámbitos que oscilan desde la ética hasta la economía, pasando por el proceso de identidad nacional y repercute subrepticiamente en nuestro día a día. No puede existir un pleno estado de bienestar general si la justicia sigue siendo instrumento de agendas particulares y maquiavélicas.

Constatar el estado de nuestra justicia nacional es grave y nos confronta a nosotros mismos en la inacabable construcción de nuestras futuras identidades. La carencia de justicia en nuestra cultura parece acrecentar la brecha que aleja a minorías de un estado que se pretende inclusivo, y lejos de excepción, es constante.

Cabe preguntarnos ¿Desde cuándo estamos así? Debido a que nuestra historia precolonial ha sido devastada por una inquisitiva reformulación de valores que convergen con los de la racionalidad instrumental de la modernidad imperialista, luego carecemos de elementos para retrotraernos tan lejos sin acudir a las idealizaciones que hablan de una sociedad basada en la reciprocidad y la redistribución.

En tiempos coloniales, pensar la justicia merece un caso aparte, debido a que tendríamos que confrontar los problemas de la idea del buen salvaje, del indio como carente de alma y razón, de las brechas viscerales entre los estamentos de una sociedad colonial, de la persecución de culto, de la censura de idiomas originales, sobre la exclusión por raza y género y el consiguiente acceso limitado a la participación política general. Nuestra actual idea de justicia no calza en ese pasado.

Acaso de este modo podamos explicarnos el rechazo general por parte del clamor popular independentista que buscaba derrocar las injusticias virreinales y dinásticas, y que culminó, hace casi doscientos años es una revolución continental.

En paralelo a ese rechazo, Gonzalo Portocarrero en su texto Un estudio sobre la viveza, refiere que lo conocido como “la criollada” peruana supone de fondo una transgresión a un sistema que se reconoce como injusto, ajeno y aborrecible, lo que coloca al individuo en una posición en la que se satisface de pasar por encima de un estado y sus leyes que favorecen a una privilegiada fracción infinitesimal de la nación.

Pensar la justicia hoy nos ofrece otros retos. La evolución que hemos tenido en dos siglos de república no ha significado un recorrido vacío, sino que podemos constatar notables avances en diversas dimensiones humanas y materiales. Sin embargo, no podemos dejar de atender a los problemas sociales, políticos y éticos que arrastramos de nuestro pasado. Hoy la justicia parece secuestrada y los injustos se ven blindados por quienes no hacen otra cosa que romper el voto de confianza con la población que, hoy lo sabemos bien, eligió mal, pero pudo incluso elegir peor.