Habemus residenciamiento

Tras meses de dudas y evasiones, la señora Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, decidió iniciar el proceso de residenciamiento de Donald J. Trump. La gota que derramó la copa fue la conversación telefónica de Trump con Volidimir Zelenski, presidente de Ucrania, denunciada por un oficial de la inteligencia estadounidense y en la que, alegadamente, el líder estadounidense solicita la ayuda a su homólogo ucraniano  para perjudicar políticamente a Joe Biden, el favorito entre los precandidatos Demócratas a la presidencia de Estados Unidos. En otras palabras, se acusa a Trump de utilizar su posición como Presidente para favorecer su campaña de reelección.

Presionada por el escándalo, la Casa Blanca divulgó el contenido de la ya famosa llamada telefónica. Aunque existen dudas de que el documento suministrado por la administración Trump sea la transcripción íntegra de la conversación entre Trump y Zelenski, su contenido confirma que el Republicano abusó de su poder en busca de beneficio político personal, lo que constituye, sin lugar a dudas, base para su residenciamiento.

Esta debió ser una decisión difícil para la señora Pelosi, quien, teniendo   claro los riesgos políticos que supone residenciar a un presidente, resistió por meses la creciente presión a favor de enjuiciar Trump. A pesar de estar convencida de la incapacidad moral y humana del Trump para ocupar la Casa Blanca, la señora Pelosi optó por el pragmatismo, evitando ejercer la responsabilidad moral y política de la Cámara de proteger la constitución y el sistema político estadounidense.  La seriedad de las últimas acusaciones contra Trump y el peligro de una posible rebelión interna de los congresistas   obligaron a la señora Pelosi a proceder con el residenciamiento

Una vez cruzado el Rubicón, no queda más que aceptar que la suerte está echada y preguntarse cómo se desarrollará el tercer residenciamiento de un presidente en la historia estadounidense. El proceso se inicia en la Cámara, donde ya se anunció que seis comités congresales examinarán la evidencia para determinar las violaciones a la constitución cometidas por Trump. Una vez  terminado su trabajo se presentará un pliego acusatorio que debe ser aprobado por la mayoría simple de Representantes. De ser aprobado por la Cámara, el proceso pasa al Senado, que funcionaría como una jurado.  A través de “managers” nombrados por la Cámara se presentaría el caso contra el Presidente. Bajo la dirección del Juez Presidente de la Corte Suprema, los Senadores examinarían las acusaciones contra el Presidente y son ellos quienes tienen la última palabra. Para que se decida  la remoción del primer ejecutivo se necesita el voto favorable de dos terceras partes de los miembros del Senado.  

El proceso no es fácil y requiere de algo inexistente en Washington: consenso bipartidista.  Los Demócratas tienen los votos para aprobar el residenciamiento en la Cámara. Queda por verse si Mitch McConnell, líder de la mayoría Republicana en el Senado y hasta ahora aliado y defensor de Trump, dará paso al proceso en esa cámara. Aún si eso ocurriera, lo  Demócratas tendrían que de convencer a por lo menos 20 senadores Republicanos de votar en contra de su Presidente a las puertas de una elección presidencial.

En conclusión, quienes sueñan con la salida de Trump de la Casa Blanca deben esperar para poner a enfriar el champán.