La ética pública y el servicio civil

Hace ya buen tiempo, en el 2008, el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (Ciglob) nos advirtieron sobre las nuevas prácticas que puede adoptar la corrupción, y añadieron algunas recomendaciones de política para abordar la depreciación moral en el manejo de la cosa pública, en el libro Las termitas del Estado. Ensayos sobre corrupción, transparencia y desarrollo, escrito por Andrés Solimano, Vito Tanzi y Felipe del Solar.

Respecto al gasto público, Tanzi señala: “La corrupción relacionada con el uso de recursos financieros públicos es muy común y puede adquirir muchas formas. (…). En todos los casos, el resultado es un aumento del gasto público, una reducción de la eficiencia del sector y, a menudo, una disminución del ritmo de crecimiento de la economía”.

La forma inorgánica y subrepticia mediante la cual (con muy alta frecuencia) se accede al empleo público a todo nivel de gobierno presiona letalmente sobre el gasto corriente, generando una especie de crowding out en la economía. Es conocida la falta de transparencia y meritocracia que subyace en la modalidad del contrato administrativo de servicios (CAS), generalmente dirigido, que representa cerca del 45 % del empleo público en el Perú; pero lo más alarmante es que los organismos públicos vienen utilizando los contratos de servicios no personales (“terceros”) en puestos de naturaleza permanente, que finalmente culminan en un CAS. ¿No es esto acaso una forma de corrupción?

Solimano, por su parte, apunta: “…de la evidencia internacional analizada (…) podemos destacar los siguientes criterios para prevenir la ocurrencia de casos de corrupción: (…) (iv) Salarios adecuados para los funcionarios del Estado, carrera funcionaria por méritos y reforzamiento de códigos de ética en el sector público y en el sector privado”.

Lamentablemente Servir, la autoridad nacional pertinente, no tuvo en perspectiva que la muy lenta implementación del Régimen del Servicio Civil (creado en el 2008) implicaría justamente la perforación del mismo y el riesgo de sepultar una de las más importantes reformas del Estado para los peruanos.

La corrupción “rompe” la fibra de lo que conocemos como institucionalidad política y económica, siendo una de las consecuencias más críticas la deslegitimización de las organizaciones (estatales, partidos políticos, gremios empresariales, entre otras) y que sean percibidas por los ciudadanos como involucradas orgánicamente en estos actos.

Un Estado ineficiente y una burocracia infértil (y corrupta) son dos caras de una misma moneda, que, al no poder establecer las condiciones indispensables para la generación de riqueza, progreso y bienestar de manera sostenible, finalmente coadyuvan a la pérdida de credibilidad en el régimen democrático constitucional y liberal. Revisemos el Latinobarómetro y saquemos nuestras conclusiones.

Esta pandemia nos deja una dura lección: “Ética pública, Estado eficiente o morir”.