Defensoría del Pueblo urge investigación y máxima sanción penal a responsables por tragedia en Los Olivos

La Defensoría del Pueblo urgió este domingo aplicar las máximas sanciones penales y administrativas contra los responsables por la muerte de las 13 personas dentro de una discoteca en Los Olivos, que fue intervenida por la Policía en el marco de las restricciones decretadas por el Gobierno para frenar el avance de la COVID-19.

A través de un comunicado, la defensoría lamentó la tragedia que dejó 12 mujeres y un hombre fallecidos, además de la afectación de derechos de quienes resultaron heridos. En esa línea, consideraron que los empresarios que organizaron el evento debían ser sancionados a fin de disuadir a otras personas de que cometan estos ilícitos.

“Urge realizar una investigación exhaustiva del caso y aplicar las máximas sanciones penales y administrativas contra quienes resulten responsables. Los empresarios involucrados en la organización de este evento deben recibir una sanción ejemplar que disuada a otros de cometer actividades similares”, indicaron.

Al respecto, también indicaron que es obligación de las autoridades municipales la fiscalización en bares y discotecas, debido a las prohibiciones actuales. Precisaron que esta responsabilidad incrementa, pues de acuerdo con la Municipalidad de Los Olivos el establecimiento donde ocurrió la tragedia no tenía certificado de defensa civil desde enero.

Ante las denuncias sobre el accionar de los efectivos policiales durante el operativo, la defensoría manifestó que corresponderá a esta institución y al Ministerio Público investigar, en el más breve plazo, si se cumplieron los protocolos de seguridad teniendo en cuenta de que se trataba de un lugar hacinado con solo un acceso. Añadieron que se debe respetar la seguridad e integridad de los intervenidos, así estos hayan infringido la ley.

Desde la defensoría señalaron también que la tragedia en Los Olivos muestra que es necesario reenfocar la estrategia de lucha contra la pandemia para que se dé mayor protagonismo a la sociedad civil organizada, tal y como lo solicitó el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez al presidente Martín Vizcarra.

“El Gobierno debe activar y acompañar la labor de las organizaciones barriales y vecinales, quienes conjuntamente con las autoridades locales deben contribuir a identificar actos manifiestamente ilegales y contraproducentes para la seguridad y salud pública. Solicitamos, por ello, a las municipalidades distritales de Lima y Callao redoblar sus esfuerzos, para que en coordinación con los vecinos, y la Policía Nacional del Perú, cumplan su deber de vigilar y prevenir las reuniones masivas de personas”, puntualizaron.