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En las últimas semanas, vecinos y autoridades municipales se han mostrado preocupados por la construcción de edificios de viviendas de interés social en áreas que, según aseguran, no están preparadas para soportar obras de altas dimensiones.
La construcción de enormes edificios de viviendas bajo el marco de que son de "interés social" ha generado la preocupación de vecinos y autoridades por la posible afectación que pueda hacer a los actuales y futuros residentes de las zonas donde se ven estas construcciones.
“Realmente preocupadísima, porque estos edificios rompen por completo los parámetros... Paseo de República con calle Chacarilla, un edificio que si usted pasa el terreno, es una tripa de 40 pisos. ¡Ya empezaron a pasar los camiones cisterna, es una cosa! Nos sentimos abandonados”, cuenta una vecina.
En las últimas semanas, vecinos y autoridades municipales se han mostrado preocupados por la construcción de edificios de viviendas de interés social en áreas que, según aseguran, no están preparadas para soportar obras de altas dimensiones. Advierten que estos proyectos no solo implican un posible riesgo estructural, sino que también alteran el carácter residencial de los barrios.
La preocupación por la construcción de estos edificios se remonta al 2018, cuando el Gobierno de Martín Vizcarra, a través del Decreto Supremo 010, modificó el Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación. Antes, los municipios provinciales tenían la facultad de regular aspectos como la altura de las edificaciones que trae consigo el incremento de la densidad poblacional. Luego de la norma, todo quedaba en manos de los revisores urbanos, profesionales supervisados por el sector Vivienda.
Según Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano, esta modificación afectó las competencias de los gobiernos provinciales, limitando su capacidad de regular el desarrollo urbano en sus jurisdicciones.
“Y ahí está el centro del problema, ¿por qué? Porque el Tribunal lo que ha dicho es que las únicas entidades que pueden, que deben planificar y determinar las modificaciones y sus reglamentos, son los gobiernos provinciales. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda (MVCS), no puede modificarlos porque está tentando contra sus competencias”, indica.
Quienes critican esos proyectos, que pueden sobrepasar los 25 pisos, advierten del posible incremento del tráfico vehicular y la creciente presión sobre los espacios y servicios públicos. También se muestran escépticos respecto a que estas construcciones, que ofrecen viviendas cada vez más pequeñas en edificios cada vez más altos y sobre áreas donde el metro cuadrado es cada vez más caro, cumplan con el supuesto objetivo social de brindar acceso a la vivienda a sectores que menos ingresos económicos tienen.
En San Isidro, actualmente se desarrollan 24 proyectos de viviendas de interés social y su ejecución ha generado inquietud por las posibles repercusiones en el entorno urbano y la infraestructura local, anota Pablo Rioja, abogado y asesor de la alcaldía de ese distrito capitalino.
“No se ha tenido en cuenta que el aumento inesperado de esta densidad poblacional no ha preparado las vías de acceso a estos edificios. Las redes de agua y desagüe principalmente podrían colapsar, porque en los lugares donde podrían construirse edificios de 15 pisos, de repente van a construir uno de 40 pisos, en una zona preparada para solo 7 o 15 pisos”, apunta.
José Espantoso, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), que agrupa a 200 desarrolladores inmobiliarios, asegura que su gremio solo cumple con las normativas vigentes y anota que las edificaciones no tendrían por qué alamar a los vecinos.
“Ante los cuestionamientos, por ejemplo, de que un edificio en la Javier Prado de 20 a 25 pisos va a colapsar las tuberías o los sistemas de agua, no es así, porque cuando se solicita una licencia de construcción, uno de los requisitos fundamentales es tener factibilidad de servicios”, señala.
"Afectación será inevitable"
Sin embargo, la afectación de los servicios instalados será inevitable, según advierte Lino De La Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores, distrito donde 10 de los 17 proyectos de edificios de viviendas de interés social ya se encuentran en ejecución.
“¿Dónde era necesaria la vivienda de interés social? En aquellos lugares donde el ciudadano necesita una vivienda de calidad, no en espacios consolidados como los de Miraflores porque acá el ciudadano paga una cantidad importante de dinero por un microdepartamento y sin calidad de vida, porque sencillamente no tenemos el número de áreas verdes suficientes para que atiendan a esa ese crecimiento poblacional expansivo que se tiene, nuestras avenidas son pequeñas, nuestras redes de agua y desagüe son antiguas".
De acuerdo con el MVCS, hasta el 2023, se registraron 21 proyectos para la construcción de 63 000 viviendas de interés social en todo el país, de las cuales 24 000 inmuebles corresponden a Lima Metropolitana.
En mayo de 2023, el Tribunal Constitucional determinó que la zonificación, el planeamiento urbano y la determinación de la altura máxima de las edificaciones son competencias exclusivas de los municipios. En ese sentido, precisó que una vez determinado ello, podrán desarrollarse los proyectos de vivienda de interés social.
El programa estatal para reducir el déficit habitacional ha dinamizado el sector de la construcción mediante los edificios de viviendas de interés social, ofreciendo esperanza a las familias peruanas que buscan acceder a una vivienda. Sin embargo, las autoridades municipales advierten que no se ha considerado si estas edificaciones podrían convertirse en corto plazo en una bomba de tiempo para los residentes actuales y futuros por las condiciones en cómo estas edificaciones se están desarrollando.
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Fiorella Luzmila Ramírez García Periodista
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