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por Redacción RPP
·En su resolución, el órgano judicial requirió al Estado peruano que continúe la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas de muerte contra Jorge Luis Salas Arenas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas de protección para el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y su entorno familiar por el hostigamiento y amenazas de muerte que sufren desde las elecciones de 2021 hasta la fecha.
En su resolución, con fecha 4 de septiembre de 2023, la institución ordena al Estado peruano que continúe con la investigación de los actos de acoso a fin de mitigar los riesgos a la vida e integridad del titular del organismo electoral. Además, requirió que las medidas de protección se planifiquen e implementen con la participación de los representantes de los beneficiarios.
"A tales efectos, deberán realizar con una periodicidad no superior a 3 meses, reuniones en las cuales el Estado pueda coordinar con los beneficiarios y sus representantes los términos en los que se desplegará el esquema de seguridad el cual velará por la vida e integridad personal de Jorge Luis Salas Arenas y su núcleo familiar", se lee en el documento.
La Corte IDH establece también que deberá ser informada, a más tardar el 29 de septiembre, sobre la situación de Jorge Luis Salas Arenas y su familia, a la luz de las medidas que el Perú haya adoptado para dar cumplimiento a la decisión del órgano judicial.
En julio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que se otorgue medidas provisionales a favor de Jorge Luis Salas Arenas y su familia, al observar que las iniciativas del Estado peruano, tras una cautelar otorgada por la CIDH en 2021, fueron insuficientes, puesto que, “en el desempeño de sus funciones”, el alto funcionario “viene siendo objeto de campañas de acoso, estigmatización y cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales y de actos de intimidación, doxing, hostigamiento y amenazas de muerte”.
En palabras de la Corte IDH, la situación de riesgo del presidente del JNE se habría exacerbado por la mayor frecuencia con la que se "producen los actos amenazantes, por lo que una dilación en la adopción de medidas puede resultar en un agravamiento considerable" de dicho panorama "y en que finalmente se materialice el riesgo contra la vida y la integridad personal de Salas Arenas o alguno de los integrantes de su núcleo familiar".
De acuerdo con el órgano judicial, existen en este caso dos tipos de situaciones que han sido descritas como amenazas: (I) las menciones y mensajes difundidos por diversas personas en redes sociales y (II) los actos de hostigamiento, llamadas telefónicas, manifestaciones, plantones y otro tipo de actos que habrían afectado la esfera privada de Salas Arenas y su núcleo familiar.
Desinformación y amenaza de muerte
Tras las elecciones presidenciales de 2021, donde el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, derrotó a su contrincante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se inició una campaña de noticias falsas o desinformación contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el JNE.
En ese contexto, el grupo de extrema derecha 'La resistencia', liderado por Juan José Muñico González (más conocido como 'Jota Maelo') difundió por redes sociales una narrativa falsa según la cual Salas Arenas cometió un supuesto fraude electoral. Y, en reiteradas ocasiones, los integrantes de este colectivo violentista han acudido a su domicilio para deslizar insultos contra el presidente del JNE.
Por si fuera poco, el último 6 de julio el integrante de 'La resistencia', y también líder del grupo 'Los combatientes', Roger Ayachi, lanzó frases de intimidación contra Salas Arenas frente al local del ente electoral, en el Cercado de Lima.
“Nuestra consigna es enviarlo a la cárcel, o la muerte. Nosotros lo que nos proponemos lo conseguimos y lo vamos a conseguir con el apoyo de la Fiscalía, con el apoyo del Congreso, con el apoyo del Poder Judicial”, se le escucha decir.
Días atrás, la Fiscalía de la Nación dispuso abrir investigación preliminar a Ayachi por los presuntos delitos contra la libertad, en su modalidad de acoso, y la administración pública, en su modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.
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