Ciro Castillo presentó denuncia penal contra Edita Vargas por usurpación de funciones y resistencia a la autoridad

Ciro Castillo Rojo presentó este martes una denuncia penal contra la gobernadora interina del Callao, Edita Vargas, por usurpación agravada, usurpación de funciones y resistencia a la autoridad al no permitirle su ingreso a la sede para retomar sus funciones como gobernador del primer puerto. 

El funcionario puso esta denuncia en la comisaría de Ingunza Valdivia tanto contra Vargas como a Marco Antonio Carrera Bedoya. Según Castillo Rojo, una resolución de la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia le permite regresar como gobernador del Callao, pero asegura que le impidieron volver a su puesto sin ningún sustento legal o administrativo.

Castillo Rojo llegó la mañana del lunes al edificio de GORE Callao en la avenida Bocanegra a bordo de una camioneta negra, en la que permaneció por más de una hora al haberse prohibido su entrada. 

Escoltado por su seguridad personal y policías presentes en el lugar, Castillo pretendió una vez más entrar al edificio por un portón; sin embargo, se le impidió nuevamente el ingreso.

"Confio en la justicia"

Ciro Castillo, en declaraciones para RPP, aseguró que confía en la justicia y espera pronto retomar su cargo de gobernador, pero criticó la actitud de Edita Vargas. 

"Me falta culminar una serie de obras que iba a inaugurar. Confío en la justicia, en la Fiscalía, Poder Judicial, pese a que estamos en una crisis permanente en nuestro país... No debemos socavar las bases de las instituciones tomando actitudes en contra, tomando por asalto instituciones", expresó para el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Castillo Rojo señaló que no puede reunirse con Edita Vargas, gobernadora interina del Callao, para coordinar una entrega del cargo, debido a que está prohibido de hacerlo.

La Fiscalía investiga a Ciro Castillo por ser un presunto miembro de una organización criminal llamada 'Los Socios del Callao', que habría realizado contrataciones irregulares en el Gobierno Regional. El Poder Judicial le impuso 24 meses de prisión preventiva, pero la defensa del funcionario interpuso una apelación que fue aceptada y dicha medida se anuló, con lo que afrontará el caso en libertad.