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por Sergio Espinoza
·El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que los involucrados en el tráfico ilegal de armas no solo atentan contra la política general del Gobierno, sino también contra la población.
El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, afirmó que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) tiene “responsabilidad” en el tráfico de armas destapado recientemente por la Policía.
El legislador fujimorista ratificó sus declaraciones al recordar el operativo del pasado miércoles, 13 de marzo, en el que se intervino a personas que habían adquirido licencias para obtener decenas de armas legales ante Sucamec.
“Sucamec ha autorizado la entrega de este tipo de armas a personas que evidentemente no tenían capacidad de adquirirlas, como este señor Aljemiro Sobrado, chofer de combi, o Rudy Fernández, chofer de mototaxi, que compraron decenas de rifles y pistolas iguales”, declaró en RPP.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó su preocupación por esta situación e informó que se han solicitado investigaciones para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios de Sucamec.
“Estamos analizando esa situación porque no podemos permitir que el mercado de armas y las eventuales autorizaciones del organismo regulador se estén burlando de las facultades de las autorizaciones, para luego traficar con ellas”, dijo el premier en ‘Las cosas como son’.
“Actuaremos con la mayor severidad [con los responsables] porque no solo no están de acuerdo con la política general del gobierno en materia de seguridad, sino porque están cometiendo graves crímenes contra la población”, agregó.
Por su parte, Sucamec rechazó las declaraciones de Rospigliosi y explicó que viene diseñando para modificar la actual Ley de Armas, puesto que la normativa vigente permita la compra ilimitada de armas para las modalidades de caza, deporte y tiro recreativo.
Megaoperativo contra empresas que estarían vinculadas al tráfico ilegal de armas
El operativo que mencionó Rospigliosi se remonta al 13 de marzo, cuando la Policía Nacional del Perú ejecutó un megaoperativo simultáneo en Lima, Piura, Tumbes y Cajamarca contra locales de distribuidoras de armas de fuego que estarían vinculadas con el tráfico ilegal del armamento en mercado negro local, así como en Ecuador y otros países de la región.
Más de 600 efectivos policiales y 60 fiscales del crimen organizado participaron en las intervenciones, en conjunto con el personal de la Sucamec.
Durante las diligencias, el coordinador de la Fiscalía del Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, informó que se detuvo a unas 17 de las 18 personas implicadas en una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilegal de armas.
De acuerdo con la investigación, la banda criminal se dedicaba a importar armas de forma legal y después de registrarlas ante la Sucamec, para luego consignar el armamento – usado para el deporte y la caza – como perdido o robado en denuncias presentadas a la Policía. Finalmente, los lotes de armamentos “desaparecidos” se distribuían de forma ilegal a precios más elevados.
El modus operandi era utilizar a terceras personas para prestar su nombre y darles toda la documentación para obtener las licencias de Sucamec.
Chávez Cotrina contó el caso de Aldemiro Sobrado Mesa, un conductor de combi que compró más de 50 armas de fuego a un precio de 2 500 dólares cada una.
“Lo curioso es que este señor, en marzo del 2023, denuncia la pérdida de una gran cantidad de armas, supuestamente porque un huaico se atravesó por su camino, arrasó su carro y se perdieron las armas. Esa es una da las modalidades que utilizan para luego derivar estas armas al mercado delincuencial”, detalló el fiscal.
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Sergio Espinoza Periodista
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